El proceso penal contra el ex encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, se remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El máximo tribunal dio entrada al caso y lo turnó a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se encargará de elaborar el proyecto de resolución relacionado con el amparo en revisión que promovió el ex funcionario, para acceder a la carpeta de investigación en su contra.

“Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el proveído de cuenta mediante el cual la Superioridad informa que asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por el quejoso y de la revisión adhesiva de la autoridad responsable el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula B-I-4 de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República; así como que radicó el asunto como Amparo en Revisión 100/2022 y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; de lo que se toma conocimiento”, señala el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en ciudad de México.

La petición se realizó luego de que, en enero pasado, el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, le negó la protección de la justicia federal para conocer la carpeta de investigación.

El ex funcionario solicitó la protección de la justicia federal, luego de que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000215/2021.

En su demanda, Elías Beltrán dijo que es investigado y tiene la calidad de imputado en la indagatoria, por lo que deben autorizarle el acceso a los registros de la carpeta de investigación y la expedición de copias gratuitas.

Mencionó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo en su contra por el presunto incremento injustificable en su patrimonio cuando desempeñaba los cargos de Director General de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y de Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en la entonces Procuraduría General de la República.

Por ello, el Ministerio Público Federal inició la investigación, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera aportara las pruebas para acusarlo.

La juez Rosa María Cervantes Mejía le negó la medida cautelar al considerar que, de conceder la suspensión con la tutela anticipada pretendida, equivaldría a dotar al quejoso de derechos que no le asisten por el momento, dado que no tiene el carácter de imputado, tampoco se ha generado un acto de molestia en su contra, ni se le ha citado para a comparecer.

De lo contrario, implicaría una violación a disposiciones de orden público, al afectar o poner en riesgo la secrecía de la investigación y los registros de la carpeta, los cuales deben permanecer en resguardo como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.