Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, llamó a los países latinoamericanos a analizar como parte del tema migratorio la llegada de ucranios que buscan refugio ante la invasión de Rusia a esa nación.

Al participar en el segundo Taller de Preparación frente al Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) a realizarse del 17 al 20 de mayo de 2022 en la sede de la ONU, Encinas detalló que tan sólo en los dos primeros meses del año, antes de la intervención militar en el país europeo, se registró un aumento de la llegada de ucranios a México, con casi 10 mil en dicho periodo, y subrayó que el número se multiplicará en los próximos meses.

Durante la inauguración del taller, organizado en la sede de Gobernación, el funcionario federal sostuvo que “evidentemente los fenómenos que hemos vivido en el mundo en los meses recientes han venido construyendo cambios complejos y muy diversos en la movilidad humana, particularmente a partir del estallido de la muy lamentable guerra en Ucrania con esta invasión de Rusia”.

Además de repercusiones por desplazamientos internos, el efecto, dijo, también se comienza a “sentir” a nivel internacional e incluso en con implicaciones en la región latinoamericana.

“Solamente en los dos primeros meses del presente año hemos tenido la llegada de población ucrania, por la vía legal, por la vía aérea fundamentalmente, en un número que anteriormente no habíamos registrado. Solamente entre enero y febrero del presente año hemos registrado 9 mil 997 entradas de personas de Ucrania a nuestro país”.

Aunque la mayoría de ucranios han llegado a la Ciudad de México, apuntó que Tijuana se ha convertido en un “polo de atracción importante” así como otras ciudades fronterizas con Estados Unidos.

Aseveró que el fenómeno es atendido con base en la política de garantizar la protección humanitaria. “La estimación que tenemos es que esta cifra se vendrá multiplicando en los próximos meses. Aquí nosotros queremos refrendar que no solamente continuaremos dando las medidas de facilitación migratoria que se venían implementando desde 1993 con la población de Ucrania”.

Explicó que los requisitos migratorios en México implicaban distintos instrumentos para el acceso de ucranios, como el poder ingresar sin visa, siempre y cuando se tuviera una visa de Estados Unidos, o que pudieran presentarse autorizaciones electrónicas, tarjetas de residente permanente o de viaje para personas de negocios, pero “ahora estamos tomando las medidas para garantizar, las medidas de protección que implican el asilo y la protección complementaria que pudiera requerir esa población”.

Recalcó que esta situación se replicará en otros países del continente, por lo que también deberá ser analizado en la región.

A la par, indicó que se registra actualmente un incremento significativo de la migración en Latinoamérica. Por ejemplo, en México se han recibido más de 16 mil 300 solicitudes de refugio, particularmente de personas originarias de Haití, Honduras, Venezuela y El Salvador. Las nacionalidades de quienes buscan protección se ha diversificado, y en México hay peticiones de personas de 110 países distintos.

El FEMI -para el cual se organizó el taller como preparación- representa una instancia de revisión del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, y se trata de una plataforma mundial intergubernamental en la que los Estados miembros dialogan sobre los progresos obtenidos en la implementación de dicho pacto, incluidos los relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el orden local, nacional y regional, añadió la dependencia.

Dialogan con organizaciones empresariales y ambientalistas

Por separado, personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación sostuvo este jueves un encuentro con integrantes del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos (GFEDH), con el objetivo de avanzar en la construcción de una política pública “para la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada y mixta”.

El director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Subsecretaria, José Luis Calderón Ríos, refrendó la disposición de la dependencia para colaborar en la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, que incorpore mecanismos de debida diligencia y procesos de acceso a la justicia y reparación.

Participaron integrantes del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder, por sus siglas en inglés); Oxfam México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda), y del Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos (CIEDH), con el acompañamiento de Peace Brigades International (PBI) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) como observadora.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación sólo expuso que dichas agrupaciones expresaron “diversas preocupaciones” y manifestaron su interés en seguir acompañando el proceso con una perspectiva crítica y propositiva.