Ciudad de México. De las 2.2. millones de trabajadoras del hogar existentes en el país, 41 mil 373 cuentan con seguridad social, es decir solo 1.8 por ciento, señaló Friné Salgueiro, directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).

Ello significa que “nueve de cada 10 no están afiliadas a la seguridad social, y por tanto no cuentan con licencia de maternidad pagada ni con días de incapacidad ni atención médica oportuna en el embarazo”. Tampoco tienen acceso a estancias infantiles o guarderías para el cuidado de sus hijos, detalló al presentar el informe Promesas sin cumplir: derechos laborales y reproductivos de las trabajadoras del hogar en México.

En la víspera del Día Internacional de la Trabajadora del Hogar (30 de marzo), Verónica Esparza, coordinadora de investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) añadió que la “falta de formalización del empleo facilita el despido por embarazo” y añadió que “es frecuente que las trabajadoras del hogar tengan que renunciar a sus trabajos los últimos meses de embarazo” principalmente porque “no tienen licencia maternidad”.

Destacó que existen “brechas entre el marco normativo y la realidad”, por eso continua la carencia de seguridad social, lo que implica que estas trabajadoras “para recibir atención médica y de salud reproductiva tengan que recurrir a la vía privada o a establecimientos hospitalarios para personas que no cuentan con seguridad social”.

Norma Palacios, una de las tres secretarias generales colegiadas del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) indicó que “si una compañera quiere ser mamá tendrá que pensarlo dos veces, porque al ser trabajadora del hogar, probablemente va a ser despedida, ya que no va a contar con todas las prestaciones que debería: la licencia de maternidad, el acceso a servicios médicos y no hay acceso a guardería”.

Insistió en que “aún falta por legislar” pero sobre todo “hacer acciones concretas, porque aunque se haya dicho que debe haber contrato y seguridad social, si no hay algo que obliga, no podemos. Así los cambios serán muy lentos”.

Todas coincidieron en que ha habido avances en materia jurídica. Entre ellos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2018; la implementación del Programa Piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social y las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, en 2019.

En 2020, la ratificación por parte del Estado mexicano del Convenio 189 de la OIT, que promueve el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar y reconoce que, a pesar de su contribución significativa a la economía mundial, su trabajo es aún poco valorado y muy mal remunerado.

El pasado 15 de marzo el Senado dio visto bueno al Convenio 190 de la OIT relativo a la eliminación de la violencia y acoso laboral.