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México registró en 2021 constantes ataques a prensa y activistas: AI

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Protesta contra el asesinato de periodistas en la SG en imagen de archivo. Foto Cristina Rodríguez
29 de marzo de 2022 21:49

Ciudad de México. Durante el año 2021, en conjunto con la “grave crisis de derechos humanos” que prevalece en México, se observaron "constantes ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa, y a las personas defensoras”, mismos que se presentaron tanto por la “vía de la narrativa como por iniciativas legislativas” que buscan limitar el financiamiento de organizaciones, sostuvo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Durante la presentación del informe anual regional de la organización, defendió que las organizaciones han contribuido a la elaboración de leyes, a la vida democrática y al desarrollo del estado de derecho en el país.

Amnistía Internacional presentó este martes su informe anual en el que realiza un balance de la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año pasado y el arranque de este 2022.

En la sede del organismo para las Américas, localizada en la Ciudad de México, Olivares Ferreto expresó que “en 2021 podemos confirmar que seguimos siendo en efecto un país de víctimas, México continúa atravesando una grave crisis de derechos humanos que se manifiesta no solamente en la gran cantidad de personas a quienes se les violan constantemente sus derechos fundamentales, sino que en 2021 observamos con gran preocupación el riesgo de reducción del espacio cívico que se muestra en los constantes ataques a las organizaciones de la sociedad civil, a la prensa, y a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Con dichos ataques, agregó, México se suma a una “preocupante tendencia política mundial y regional en que las narrativas tóxicas demonizan a las organizaciones de la sociedad civil con la intención de silenciar nuestros puntos de vista porque son críticos o disidentes”. También, dijo, se obstaculizan la capacidad de las sociedad para hacer un escrutinio de las instituciones del Estado y develar las graves agresiones a derechos humanos.

Sobre la situación en el país, expuso siete puntos de preocupación para la organización, de los cuales el primero es el “avance de la militarización”, ya que el año pasado el gobierno de la República “desplegó el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la guerra contra el narcotráfico” al movilizar a 99 mil 946 efectivos militares.

A la par, el gobierno federal decidió asignar más tareas a las Fuerzas Armadas para control de aduanas, puertos, obra pública de megaproyectos e incluso en el proceso de vacunación.

El segundo punto AI colocó las desapariciones forzadas. Las organizaciones contabilizaron en 2021 al menos 7 mil 698 casos de personas desaparecidas y no localizadas en el país. Con ello, al final del año la cifra de personas desaparecidas se elevó a 97 mil desde el año 1964.

De acuerdo con las cifras oficiales, hay por lo menos 52 mil cuerpos no identificados, la mayor parte localizados en fosas comunes “Frente a esas cifras, la impunidad continúa; para 2021 sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada”.

En tanto que, “en temas de tortura, a pesar de la narrativa gubernamental, en México la tortura continúa siendo generalizad y sistemática, como lo hemos denunciado desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, y lo ha reconocido también el Relator para la Tortura de Naciones Unidas”.

Otro tema de preocupación es la migración, ya que continúan denuncias de uso excesivo de la fuerza y devoluciones arbitrarias por parte de autoridades, al igual que secuestros, extorsiones y homicidios por parte de actores no estatales. Consideró que la gestión de la migración por parte de la Guardia Nacional “constituye un grave riesgo para el respeto del derecho y garantías de los migrantes”.

En 2021 se contabilizaron 131 mil 448 solicitudes de asilo, la cifra más alta de la historia, pero a noviembre se habían devuelto a más de 100 mil personas centroamericanas, y 252 mil 526 estuvieron en “reclusión” en centros de migración.

Como el quinto punto de preocupación para AI, alertó sobre la violencia contra mujeres y niñas, ya que el año pasado se registraron 3 mil 427 homicidios de mujeres, de los cuales sólo 887 eran investigados como feminicidios.

“Las autoridades mexicanas continúan cometiendo graves deficiencias en investigaciones de feminicidios”. El personal de las fiscalías no investiga lo suficiente, se pierden evidencias y no se aplica de manera correcta la perspectiva de género. Esto deriva en impunidad pero además las familias deben destinar tiempo y dinero a impulsar las investigaciones.

“Las familias de las víctimas de feminicidio en México son también víctimas de violencia institucional. En México buscar justicia es costoso, económica y emocionalmente, y además es peligroso”, aseveró.

De igual forma, el año pasaro hubo detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, violencia sexual y criminalización de manifestantes feministas en Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, por lo menos.

Como el séptimo punto de preocupación para la organización, están las agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas.

México sigue siendo un lugar letal en esta materia. “El Estado mexicano no ha logrado proteger la integridad, la seguridad y garantizar la vida de periodistas y defensoras de derechos humanos, pero además, el gobierno de la República ha instalado una narrativa hostil a las personas y organizaciones que defendemos derechos humanos o que se oponen a algunas de las obras públicas”.

Entre los aspectos positivos que destacó se encuentra la creación de una comisión para la verdad y justicia para indagar las violaciones graves durante la guerra sucia entre 1960 y 1980. Hace una semana AI entregó archivos que estaban en Londres de personas desaparecidas desde los años 70 en México.

Subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del uso recreativo de cannabis, en conjunto con la declaratoria de inconstitucionalidad que prohibía el aborto.

Destacó que 26 estados ya reconocen la unión de personas del mismo sexo, aunque se mantienen la comunidad LGBTIQ+ como víctimas de ataques frecuentes.

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