Más de 15 exfiscales y jueces de Guatemala se han exiliado, tras ser destituidos y perseguidos por la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha desmantelado los avances que la nación centroamericana había tenido en materia de justicia.

Amnistía Internacional lo ha planteado así: “Las personas que trabajaban en la administración de justicia y ocupaban cargos claves en la lucha contra la impunidad en casos de corrupción y violaciones graves de derechos humanos fueron destituidas o se les impidió ocupar sus cargos”.

Quizá los casos más sonados han sido los de Juan Francisco Sandoval, destituido como fiscal anticorrupción, y Thelma Aldana, quien fuera fiscal general. De la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), expulsada del país por el expresidente Jimmy Morales hace tres años, ambos fueron parte del grupo de juristas que procesaron a 200 funcionarios (ministros, diputados, presidentes y expresidentes), y a miembros de la elite empresarial guatemalteca.

En ese marco, Guatemala se prepara para elegir a un nuevo fiscal. Este martes, los 15 aspirantes, entre quienes se encuentra Porras, quien busca el cargo por cuatro años más, se sometieron a pruebas sicométricas. La lista de finalistas será entregada al presidente Alejandro Giammattei hacia el 20 de abril.

Y en ese marco también, este martes se llevó a cabo una mesa organizada por Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En ese espacio, tres expertos ofrecieron una visión de lo que ocurre con las fiscalías en sus países y en toda la región latinoamericana.

Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro de Perú y ex integrante de la misión de apoyo contra la impunidad en Honduras (OEA) dijo que casos como la extradición de Juan Orlando Hernández, hasta hace unos meses de ese país centroamericano, muestran la necesidad de contar con fiscalías “bien equipadas”, con recursos y personas idóneas al frente.

Entre los políticos latinoamericanos prevalece la idea de que en las fiscalías “no hay que nombrar a los mejores, sino a “los mejores amigos”. Esa “frase tremenda” explica lo que ocurre cuando los políticos se inmiscuyen en los asuntos de la justicia.

Por su parte, Ximena Chong Campusano, fiscal jefe de delitos de Alta Complejidad Centro Norte de Chile, expresó que su país se sumó tarde al sistema penal acusatorio y mantuvo el sistema inquisitorio que resultaba funcional en la etapa de la dictadura y era prácticamente “irrelevante” para combatir los delitos financieros, la “alta corrupción pública” o las violaciones graves de derechos humanos.

Los expertos volvieron una y otra vez a las dificultades para contar con órganos de justicia verdaderamente autónomos, sobre todo por la intervención de los políticos en la designación de los fiscales.

La experta chilena hizo referencia al cambio de fiscal en su país, ocurrido en 2015, en un contexto de investigaciones sobre el uso de dinero ilícito en las campañas electorales. En la elección del nuevo fiscal, dijo, tomaron parte personas (funcionarios del gobierno nacional y legisladores) que eran señaladas en las investigaciones que estaban abiertas.

Chong también habló del rediseño que se discute actualmente en el marco de la Convención Constituyente que elabora la nueva Constitución del país (“la primera de carácter democrático”). Recientemente, informó, se aprobó en comisiones reemplazar al fiscal único por una “cabeza múltiple”, es decir, un consejo con varios integrantes que trabajaría en paralelo con otro órgano en el que participarían los fiscales regionales.

Por México habló Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, quien fuera promotora de la iniciativa #FiscalíaQueSirva.

Delgadillo aseguró que pese a los esfuerzos de organismos civiles y de colectivos de víctimas, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz es “todo lo opuesto a lo que se quería”, “totalmente opaca”, además de que ha dado la espalda a las víctimas.

“¿Autonomía de quíén y a favor de quién?”, preguntó la abogada y respondió: “El fiscal interpreta que es sólo a su favor, (y por ello) cualquier señalamiento es tomado como un atentado a su autonomía”.

“Se ha dicho mucho que nos equivocamos, que es más fácil para 100 mil familias de desaparecidos es más fácil exigir al presidente que perdernos buscando respuesta de una fiscalía”, expuso la abogada, para quien sigue siendo necesario pugnar por una fiscalía “que sea un cuarto poder”, pues en la actualidad las fiscalías están al servicio no sólo del poder político, sino en algunos casos al servicio de poderes económicos o incluso del crimen organizado.

Delgadillo recordó que, al cumplir 100 días en el cargo, Alejandro Gertz dijo que había encontrado una institución que “perseguía a quienes consideraba sus enemigos y protegía a quienes consideraba sus amigos. Esa realidad no ha cambiado”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de contar con fiscalías independientes como condición para el fortalecimiento de la democracia.

Los expertos volvieron una y otra vez a las dificultades para contar con órganos de justicia verdaderamente autónomos, sobre todo por la intervención de los políticos en la designación de los fiscales.

La experta chilena hizo referencia al cambio de fiscal en su país, ocurrido en 2015, en un contexto de investigaciones sobre el uso de dinero ilícito en las campañas electorales. En la elección del nuevo fiscal, dijo, tomaron parte personas (funcionarios del gobierno nacional y legisladores) que eran señaladas en las investigaciones que estaban abiertas.

Chong también habló del rediseño que se discute actualmente en el marco de la Convención Constituyente que elabora la nueva Constitución del país (“la primera de carácter democrático”). Recientemente, informó, se aprobó en comisiones reemplazar al fiscal único por una “cabeza múltiple”, es decir, un consejo con varios integrantes que trabajaría en paralelo con otro órgano en el que participarían los fiscales regionales.

Por México habló Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, quien fuera promotora de la iniciativa #FiscalíaQueSirva.

Delgadillo aseguró que pese a los esfuerzos de organismos civiles y de colectivos de víctimas, la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz es “todo lo opuesto a lo que se quería”, “totalmente opaca”, además de que ha dado la espalda a las víctimas.

“¿Autonomía de quíén y a favor de quién?”, preguntó la abogada y respondió: “El fiscal interpreta que es sólo a su favor, (y por ello) cualquier señalamiento es tomado como un atentado a su autonomía”.

“Se ha dicho mucho que nos equivocamos, que es más fácil para 100 mil familias de desaparecidos es más fácil exigir al presidente que perdernos buscando respuesta de una fiscalía”, expuso la abogada, para quien sigue siendo necesario pugnar por una fiscalía “que sea un cuarto poder”, pues en la actualidad las fiscalías están al servicio no sólo del poder político, sino en algunos casos al servicio de poderes económicos o incluso del crimen organizado.

Delgadillo recordó que, al cumplir 100 días en el cargo, Alejandro Gertz dijo que había encontrado una institución que “perseguía a quienes consideraba sus enemigos y protegía a quienes consideraba sus amigos. Esa realidad no ha cambiado”.

Los expertos coincidieron en la necesidad de contar con fiscalías independientes como condición para el fortalecimiento de la democracia.