Ciudad de México. La presión que ejercieron las armadoras de automóviles contra la Cámara de Diputados obligó a suspender la sesión, donde se discutiría la Ley General de Movilidad, que busca exigir que sus vehículos nuevos cumplan con estándares internacionales de seguridad.

Actualmente, explica el dictamen a revisión en San Lázaro, hay una alta permisibilidad en el diseño, fabricación y comercialización de autos de baja seguridad, que son inseguros no solo para sus ocupantes, consumidores, peatones, ciclistas y motociclistas.

En ese sentido, se plantea que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente de fabricantes y concesionarios.

No obstante, según la bancada de MC que promueve la aprobación de la ley, la Secretaría de Economía envió una opinión y una propuesta en sentido opuesto, para definir que el gobierno solo promoverá que en las NOM se incluyan mecanismos de seguridad en automóviles nuevos.

Ante el diferendo, y sin ninguna explicación, la Mesa Directiva decretó un receso, en tanto se explicaba a las bancadas el alcance de reservas que se presentarían al dictamen.

Para MC, era previsible que Morena introdujera los cambios para atemperar el impacto económico a las armadoras, y aceptó la propuesta de la bancada mayoritaria para extinguir la sesión. También, sin explicación, la Mesa Directiva levantó la sesión y convocó a la del martes, donde se espera que la ley se retome, si hay acuerdo.

El dictamen cuestiona que en México se fabrican, importan y distribuyen al menos 48 modelos de autos con estándares de seguridad tan bajos que sería imposible venderlos en países a donde se exportan vehículos de la misma marca.

La calidad de los que se venden en el país, respecto de los de exportación es tan baja, que por ello se busca regular su fabricación, importación y venta a partir de las disposiciones de la nueva ley general de movilidad.

Se trata de “subir el nivel de exigencia de los autos comercializados” en México, plantea el dictamen.

La ley prevé además una nueva jerarquía de movilidad, para que las políticas en la materia se definan a partir de una escala donde la prioridad sean peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, y al final los conductores de vehículos particulares.

Además, se plantea que el diseño y operación de las vías y carreteras estén definidas en función de dicha jerarquía.

Prevé además límites de velocidad homologados para todo el país; el uso obligatorio del cinturón de seguridad y de asientos con sujeción especial para bebés; estándares de seguridad para vehículos motorizados; la supervisión de pesos y dimensiones de todos los vehículos motorizados.

En el caso de licencias de conducción, se prevé un examen de valoración integral de aptitud, antes de la expedición o renovación; así como la cancelación de licencias de conducir a quienes conduzcan bajo el influjo de alcohol o drogas.

La suspensión será de al menos un año en caso de vehículos particulares y de seis meses para vehículos de carga.