Ciudad de México. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válido el listado nominal que se utilizará durante la jornada de revocación de mandato del 10 de abril, el cual asciende a 92 millones 823 mil 216 electores, incluyendo 17 mil 792 registros de residentes en el extranjero.

En consecuencia, para que sea vinculante la revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador se requeriría un mínimo de participación del 40 por ciento de ese listado, equivalentes a 37 millones 129 mil 286 ciudadanos, en caso de que fuera mayoritaria esa opción.

La representación de Morena planteó, ante el cierre de movimientos en el listado nominal desde el 15 de febrero y la imposibilidad de recoger la credencial de elector a quienes la solicitaron el 2 de marzo, que el INE difunda entre los ciudadanos que por esta razón (haber hecho un movimiento de actualización o no haber recogido la credencial), la posibilidad de promover un juicio de defensa de los derechos político electorales para que puedan sufragar.

En respuesta el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova dijo que estos procedimientos se han regularizado desde 2015 en los módulos de atención ciudadanos, donde se encuentran formatos para promover estos juicios y, si lo dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permitirles sufragar el día de la jornada electoral.

La aprobación de este instrumento fundamental (porque establece el mínimo de votos requeridos para que una eventual revocación de mandato), consejeros y representantes partidistas se recriminaron mutuamente sobre el rumbo de la organización. El representante de Morena, Mario Llergo acusó, una vez más, de haberse desempeñado obstaculizando la organización, desde restringir las modalidades para recolectar las firmas; reducir la instalación de casillas y ahora, según dijo, impidiendo a los ciudadanos votar.

Su correligionario, tras desglosar un conjunto de encuestas sobre el respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador, Cesar Hernández refirió que en la jornada de revocación se ratificará el apoyo al tabasqueño. Sin embargo, urgió al INE a orientar a los electores que por disposiciones administrativas no podrán votar, a orientarlos para gestionar juicios de protección para que se les permita sufragar.

El consejero Ciro Murayama señaló que efectivamente para garantizar la certeza de los procesos electorales se determinaron fechas para cerrar los movimientos en el listado nominal, que en este caso, fue el 15 de febrero para realizar trámites y 2 de marzo para recoger la credencial. Mencionó que para evitar el cierre de módulos y mantener los trámites a la ciudadanía se decidió continuar los trámites con la condición de que los ciudadanos firmaran un documento que señala:

““Hago constar que el INE me notificó que en virtud de que realicé mi trámite posterior al 15 de febrero del 2022, o recogí mi credencial después del 2 de marzo de 20222, mis datos no serán incluidos en la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía a utilizarse para la consulta ciudadana sobre la Revocación de Mandato del 10 de abril 2022 y, en consecuencia, no podré participar”. Dijo que esto se le deja claro al ciudadano al momento de realizar el trámite en este periodo.

En contraste, las representaciones del PAN y PRD cuestionaron la postura a lo largo del proceso, acusándolos de realizar modificaciones ilegales a la legislación. El panista Humberto Aguilar aseveró que “los que están promoviendo la Revocación de Mandato brincándose la legalidad no son iguales, son peores, porque no se le puede pedir al INE que logre generar entusiasmo social por un ejercicio que es percibido como inútil, innecesario, superfluo, ajeno a las preocupaciones reales de millones de personas que sufren con el incremento de precios, con el incremento de la violencia”.

A su vez, el perredista Arturo Prida sostuvo que “ambiar las reglas porque ahora no me convienen es donde nunca podemos estar de acuerdo, podemos diferir en cómo gobernar al país, pero en lo que nunca vamos a poder estar de acuerdo es en destruir las instituciones que nos permitieron tener esta democracia. Cambiar las leyes a modo de una mayoría que solo está viendo por sus intereses, no es democrático, y peor aún, no es ético”.