Ciudad de México. En un pronunciamiento en el que defiende su Recomendación 48VG/2021 sobre Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arremetió contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y anunció que iniciará “una batalla legal” para lograr que en todas las resoluciones de dicho organismo se imponga la prevalencia de los derechos humanos.

Lo anterior debido a que a través del INAI “se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave” en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994.

No es posible, expuso, que el instituto “pretenda poner en riesgo un caso que no está resuelto”, y que “mida con doble rasero sus resoluciones de información; pues mientras por un lado se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas, invocando los artículos 6º y 16 de nuestra Constitución”, esto en relación a la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para que esa entidad hiciera una investigación sobre el patrimonio del comunicador Carlos Loret de Mola, por otro, “extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso, el debido proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad, debido a una Recomendación”.

Insistió en que “extraña” la actuación del instituto en el resguardo de este y todos sus expedientes. “La Comisión Nacional obra con absoluta responsabilidad y legalidad, por lo que, dada la trascendencia que todos sabemos reviste el asunto que nos ocupa, frente a la cerrazón del INAI a nuestros argumentos, hemos interpuesto dos recursos en protección de la información que obra en poder de la CNDH, relativa a la investigación del caso, toda vez que la protección de los derechos de las víctimas es nuestra prioridad y además nuestro deber legal”.

La Comisión Nacional declaró su respeto al INAI pero al mismo tiempo le reclamó “respeto a su calidad de garante de los derechos humanos. No puede ni debe haber contradicción entre una y otra tareas”.

El instituto, afirmó, “ha venido instruyendo la entrega de información a terceros que pudieran exponer la integridad de las víctimas, sin importar la relevancia pública y política que la misma pudiera generar, aduciendo sobreponer el interés público de la información, un criterio que de manera alguna abona a los principios democráticos que regulan la Ley de Acceso a la Información y preservan el derecho humano de acceso a la información”.

En el pronunciamiento difundido esta mañana, la CNDH también informó que ha advertido “interferencias de personas particulares, no de funcionarios, en el seguimiento de la recomendación” sobre Aburto Martínez. “Actuaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la misma, e incluso hasta la integridad de las víctimas, por intereses claramente políticos, pero también por otros burdamente comerciales”.

Así, llamó “a la responsabilidad a quienes pretenden haber tenido un papel protagónico en los trabajos de la CNDH, que nunca tuvieron, y declara que la investigación de los hechos no puede ser materia de entrevistas aparentemente ‘reveladoras’ o series televisivas, sino de actuación de la justicia, que es lo único en que estamos comprometidos”.

Afirmó que este organismo autónomo dará la batalla para lograr la apertura de una investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos del 23 de marzo de 1994, y también para defender los derechos de las víctimas, “incluso recurriendo a amparos o aquellos recursos que sea menester, convocando respetuosamente al Congreso de la Unión a hacer lo propio, y alinear la legislación en la materia, a los principios básicos de los derechos humanos”.

Recordó que la Recomendación 48VG/2021 fue emitida el 25 de octubre de 2021 y aceptada en el mes de diciembre de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Los principales puntos recomendatorios en los que la CNDH está concentra son la apertura de una investigación “seria y apegada a derecho” sobre los hechos que motivaron la detención de Aburto Martínez, “y los reiterados actos violatorios de derechos humanos que tuvieron lugar en afectación de éste y de su familia”, y también de la familia de Donaldo Colosio “y de toda la sociedad mexicana, que a pesar del transcurrir de los años y de los esfuerzos por ocultarla, tienen derecho a conocer la verdad”.

De igual manera, la sustanciación y conclusión de la demanda de la víctima por actos de tortura, que data desde el mes de agosto de 1994; su traslado a un reclusorio cercano a su familia, “que ya cumple 28 años de no tener ningún contacto presencial con él”, y la tramitación del registro de las víctimas en el Renavi.