Ciudad de México. Desde los cambios de gobiernos en las alcaldías en septiembre pasado, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ha abierto mil 171 denuncias por presuntas construcciones irregulares que se concentran en demarcaciones que gobierna la Unión de Alcaldías (Una).

De entre ellas, la alcaldía Benito Juárez, que gobierna el panista Santiago Taboada, es la que alberga el mayor número de investigaciones al sumar 152. Las investigaciones abiertas, a partir de denuncias principalmente ciudadanas, van desde abusos en áreas verdes, falta de permisos, construcción de niveles adicionales a los permitidos, contravención al uso de suelo o incluso violación de sellos de clausura, como sucede en la calle José Ignacio Bartolache número 1940, de la colonia Acacias, donde presuntamente se retiraron dichos sellos para continuar con obras y reparaciones.

Después de Benito Juárez, la alcaldía Álvaro Obregón, a cargo de Lía Limón, suma 149; Coyoacán, de Giovani Gutiérrez, 148; Cuauhtémoc, de la alcaldesa con suspensión de funciones, Sandra Cuevas, 144; Tlalpan, de Alfa González, 98; y Miguel Hidalgo, de Mauricio Tabe, 72.

La alta incidencia de irregularidades llevó a vecinos de Benito Juárez a crear una guía para identificar obras ilegales y cómo denunciarlas por la vía penal y administrativa en caso de afectaciones a viviendas aledañas.

En el documento se orienta a que cualquier obra debe mantener visible el número de manifestación de construcción, vigencia, número de folio, nombre del director responsable de obra, nombre del constructor, razón social, tipo de obra A, B o C, uso de la obra y ubicación.

Piden protección

En tanto, en Magdalena Contreras, la Asamblea Popular de la Resistencia Atlitic llamó a las autoridades locales y federales a no permitir el despojo del bosque y del río Magdalena por Grupo Frisa, y crear de manera conjunta un proyecto real que dé certidumbre a la conservación y restauración de estas áreas.

Denunció que Grupo Frisa, empresa con severos casos de despojo y corrupción, pretende agraviar de forma criminal nuestro territorio, por lo que les pedimos saber si van a solaparlo.

La directora del proyecto de rehabilitación del parque natural La Cañada, Daniela Rivera Torre Burillo, firmó un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una iniciativa público-privada, a fin de elaborar las políticas y reglamentos para impulsarlo.

El único fin de este acuerdo ilegal es la privatización de nuestro bosque y del único río vivo de la ciudad, en el que fungió como testigo de honor el director de sistemas de áreas protegidas y áreas de reserva ambiental de la Ciudad de México, Rafael Obregón.