La minuta que reforma y adiciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, así como la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, muestra profundos desacuerdos sobre su contenido entre los legisladores.

Establece un convenio que permitirá que los patrones entreguen de manera directa a los acreedores del trabajador los pagos sobre el crédito de nómina, sin intervención de éste.

El dictamen contempla las siguientes exclusiones: que los contratos de crédito expliciten la tasa máxima de interés y el tope a comisiones; que no incluyan como garantía de pago pensiones, aguinaldo y prestaciones, así como que se establezca un tope de descuento al salario: 45 por ciento de su monto.

Los créditos de nómina constituyen un universo de mercado que suma cerca de 4.6 millones de créditos, con una cartera que alcanza 252 mil 900 millones de pesos. En este mercado intervienen –de manera destacada– las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), mismas que han sido recurrentemente denunciadas por el cobro de intereses excesivos: de hasta 70 por ciento del salario del trabajador, operando sin control, regulación y transparencia alguna.

Según el dictamen, la reforma propuesta pretende frenar esos abusos, brindando transparencia y certeza jurídica a los acreditados al difundir información sobre el uso de estos créditos en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que el dictamen beneficia de forma desproporcionada e inequitativa a las entidades financieras en perjuicio de los trabajadores quienes, a cambio de la irrevocabilidad de su consentimiento, no recibirían tasas razonables ( El Economista, 10/3/22).

Ese dictamen no mejora el acceso al crédito de nómina de los trabajadores ni controla a las Sofomes. Desde la iniciativa senatorial originaria, se favorece el mercado de éstas que enfrenta mermas por la cartera vencida y la caída en el empleo formal, agudizados por la pandemia de covid-19.

De tal suerte que la cobranza delegada termina favoreciendo, en primer término, a los acreedores. Les garantiza la recuperación de las obligaciones, usando a los patrones como servicio de cobranza, evitando costos por posibles litigios, así como una alta rentabilidad sobre un mercado cautivo, cuya garantía, el salario de los trabajadores, no justifica las altas tasas de interés y comisiones que cobran.

Por tanto, la cobranza delegada no significa una mejora al bienestar de los trabajadores ni les permite acceder a créditos en términos razonables. Por el contrario, provoca –en un marco de premura económica, magra recuperación del empleo y salarios presionados por el nivel inflacionario– abusos, atropellos, sobrendeudamiento, usura y la confiscación del salario.

Debe agregarse que, además, de las distorsiones al sistema financiero y a la economía popular, el dictamen se opone tanto a principios como a disposiciones constitucionales y legales. La cobranza delegada constituye un embargo de facto y sin juicio de los acreditados.

El dictamen también soslaya los mandatos constitucionales sobre el derecho irrenunciable a recibir un salario suficiente, así como su inembargabilidad, más las disposiciones legales que lo protegen y que garantizan que el pago se haga directamente al trabajador y no a un tercero, como lo era en las llamadas tiendas de raya.

Así que, frente al atraco que enfrentan los trabajadores con los créditos de nómina, hasta ahora, la labor legislativa en curso aún no permite apreciar avances de fondo. Esperemos que estos se materialicen muy pronto siguiendo una ruta que evite, primero, beneficiar intereses particulares –como ya oportunamente advierte el comunicado de la Secretaría de Hacienda– y, segundo, rigiéndose siempre por la defensa del salario.

En la 4T, la labor legislativa no debe perder nunca de vista que, lo que debe ser erradicado de fondo es el atraco contra los trabajadores que facilitaron algunas representaciones sindicales y una plétora de funcionarios del periodo neoliberal. Se requiere regular a las Sofomes y, simultáneamente, apoyar a los trabajadores.

El presidente López Obrador ya se pronunció en contra de semejante reforma: señaló con claridad que no se profundizó en el debido análisis (matutina, 18/2/22). ¡Ahora el Senado de la República tiene la palabra!

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco