Madrid. El ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia informó que había decidido llamar a consultas “con efecto inmediato” a su embajador en España, Saïd Moussi, tras el viraje radical del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, en el histórico conflicto del Sáhara Occidental, en el que ahora España decidió asumir la vía de solución propuesta por Marruecos para convertir la región en disputa en una autonomía dependiente del Estado alaui. La decisión por parte del mandatario español, asumida en solitario, sin consultar con nadie y por sorpresa, está provocando una lluvia de críticas tanto el interior del propio gobierno de coalición como en el resto de formaciones políticas de la oposición, que no entienden este cambio que supone una enmienda a la totalidad de la propia postura de España en los últimos 46 años, en los que se había asumida la postura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Como era previsible, la información desvelada la víspera por el gobierno de Marruecos, en la que el presidente Sánchez, a través de una carta, informaba del cambio de postura en el conflicto del Sáhara, el gobierno de Argelia, presidido por Abdelmajid Tebboune, expresó su malestar y más aún, llamó a consultas a su embajador, que es el paso previo a la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. En un comunicado, la cancillería argelina explicó que “las autoridades argelinas, sorprendidas por este brusco giro de la posición de la antigua potencia administradora del Sahara Occidental, han decidido convocar a consultas a su embajador en Madrid con efecto inmediato”. Y califican de “segunda traición histórica” la decisión adoptada por el presidente Sánchez, al sostener que la primera fue el acuerdo firmado el 14 de noviembre de 1975, cuando se cedió lo que fue la antigua colonia española a los Estados de Marruecos y Mauritania sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo saharaui. Que desde entonces iniciaron una larga lucha por su propia autonomía y por mantener su cultura y su territorialidad.
Con esta maniobra, que el gobierno español sigue sin explicar con detalle, se resolvió en parte el conflicto que había con Marruecos en la política migratorio, agravada con las últimas incursiones masivas de migrantes subsaharianos en las fronteras de Ceuta y Melilla, pero ahora se abre otra grave crisis diplomático con un país, Argelia, que es además el principal abastecedor de gas en España y que en plena guerra en Ucrania supone un elemento más desestabilización, sobre todo en una etapa de escalada sin tregua de los precios de la energía.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se limitó a contestar en una breve rueda de prensa en Barcelona que “Argelia es un socio fiable y es una asociación estratégica que está llamada a perdurar en el tiempo”. Y aseguró que el cambio de postura de España en el conflicto del Sáhara Occidental permitirá tener “una relación buena y estable con Marruecos”, que se ha comprometido a “colaborar contra las mafias de trata de personas y contra la inmigración ilegal”.
El actual embajador argelino en España, Moussi, llevaba sólo dos meses en el cargo, después de que el gobierno argelino decidió cambiar a su anterior representante diplomático, Toufik Milat, en lo que se explicó como un reajuste de su política exterior ante la ruptura definitiva de las relaciones diplomáticas con Marruecos de agosto pasado, precisamente por el conflicto del Sáhara y por el apoyo que brinda el Estado argelino a la causa del pueblo saharaui. Ante el deterioro de las relaciones bilaterales entre los dos países del norte de África, Argelia decidió no renovar el contrato de explotación del gasoducto que transporta el material energético desde el Magreb a Europa, lo que no sólo supone una merma importante en los ingresos de las cuentas públicas marroquíes, sino también que dejaron de recibir su propia abastecimiento de gas natural. Ese gasoducto transportaba a la península ibérica hasta 10 mil millones de metros cúbicos anualmente, lo que representa algo más del 20 por ciento de que recibe España cada año.
Actualmente, Argelia tiene en funcionamiento un segundo gasoducto, el de Megdaz, que comunica directamente el norte de Argelia con la provincia española de Almería y desde el que se transportan anualmente hasta ocho mil millones de metros cúbicos de gas. Ahora, ese abastecimiento también está amenazada por el viraje inesperado del gobierno español en este asunto, con el que además pretendía restañar las heridas abiertas con Marruecos tras su ayuda humanitaria a uno de los principales líderes del Frente Polisario, Brahim Gali, que el año pasado enfermó de Covid-19 y fue atendido en un hospital español después de que ingresara al país con una identidad falsa y después de haber sido trasladado a España en un avión del gobierno argelino.
Este movimiento diplomático también está dejando una estela de reacciones en contra en el propio gobierno de coalición español, sobre todo en las filas de Unidas Podemos (UP), una coalición en la que están los históricos Partido Comunista de España (PCE) e Izquierda Unida (IU), que han tenido una vinculación estrecha con la lucha del pueblo saharaui. En cualquier caso, los líderes de UP han decidido mantener su apoyo en la política exterior española, incluso cuando apoyaron en el Consejo de Ministros el envío de armas ofensivas a Ucrania o cuando apoyaron una reforma laboral que no derogó los elementos más sensibles de la anterior, a pesar de que era uno de sus compromisos electorales más importantes.
Desde la oposición también recibió críticas, sobre todo desde el principal partido de la oposición, el derechista Partido Popular (PP), en el que su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo, dio por “roto” el consenso en política exterior con el gobierno por el “temerario volantazo” en un asunto tan sensible como el de Sáhara Occidental.
