Madrid. Por primera vez desde que existe el histórico conflicto del Sahara Occidental, el gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, decidió alinearse con Marruecos y aceptar que la región en disputa se convierta en una “autonomía” adscrita al Estado marroquí. Esta postura rompe una larga tradición en la política exterior española, que siempre había defendido lo estipulado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se abogaba por el respeto al pueblo saharaui a decidir su futuro en una resolución de acuerdo mutúo. Además, este viraje del gobierno español podría abrir una nueva crisis con Argelia, que es a su vez el principal proveedor de gas del país que ahora, con la guerra en Ucrania, es uno de los bienes más preciados en Europa.

La noticia saltó de repente, sin que lo supieran ni siquiera los socios de gobierno de Pedro Sánchez, es decir, la coalición de Unidas Podemos (UP), que integra, entre otros, al Partido Comunista de España (PCE) y a Izquierda Unida (IU), dos de las formaciones políticas más comprometidas y vinculadas históricamente con la lucha del pueblo saharaui. Y la información original surgió desde Rabat, desde donde se difundió una carta que había enviado hace unos días Pedro Sánchez en la que anunciaba el viraje radical en un asunto tan sensible en la política exterior española.

En la carta, Sánchez señalaba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía, presentada en 2007, como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”.

Esta postura, anunciado sin ningún tipo de negociación al interior del gobierno de coalición ni sin haberlo hablado con los partidos de oposición, supone que el Estado español finalmente asume la solución propuesta por Marruecos para resolver el conflicto territorial del Sáhara Occidental, que ha supuesto uno de los puntos de conflicto más virulentos entre Argelia y Marruecos, pero también entre España y el norte de África.

España asume un plan en el que se prevé someter a referendo ciertas competencias en materia de economía, infraestructuras, desarrollo social y cultura, entre otros ámbitos, para la que fue una colonia española, el Sáhara Occidental, mientras que se reserva ámbitos clave como defensa, relaciones exteriores o religión, que recaerán directamente en el Estado marroquí.

Hasta ahora, el Estado español había mantenido a lo largo de las últimas cuatro décadas, en las que ha habido hasta cinco ex presidentes del gobierno (Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy) una misma postura, que se alineaba además con lo establecido en la ONU, a través de las conclusiones a las que habían llegado los enviados especiales para el Sáhara Occidental, que defienden una solución política de mutuo acuerdo.

De hecho, el representante del Frente Polisario en España. Abdulah Arabi, se mostró perplejo por el viraje inesperado y sin avisar del gobierno: “Pedro Sánchez sucumbe ante la presión y el chantaje de Marruecos y paga un peaje para retomar las dañadas relaciones diplomáticas” entre ambos países.

De hecho, la propia presidencia del gobierno español, una vez que Marruecos dio a conocer la carta, envió un comunicado en el que destacó que con la nueva postura ante el conflicto del Sáhara Occidental se iniciaba una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, muy dañadas desde hace un par de años, y hasta se anunció un inminente viaje oficial del mandatario español a Marruecos.

La vicepresidenta segunda del gobierno y líder emergente de UP, Yolanda Díaz, mostró sus discrepancias con la decisión adoptada por Sánchez, al advertir que la resolución del conflicto sobre el Sáhara Occidental debe pasar “por el diálogo y el respeto a la voluntad democrática del pueblo saharaui. Seguiré trabajando en eso”. Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, advirtió que este conflicto requiere una “solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes” de acuerdo con las resoluciones de la ONU que “prevea la libre determinación del pueblo saharaui. España no debe apartarse del Derecho Internacional”.

Además, el coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, recordó que el “pueblo saharaui es víctima desde hace mucho tiempo y no se puede mirar hacia otro lado, ya que tiene derecho a expresar cómo quiere que sea su futuro mediante un referéndum libre, como desde 1995 estableció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Esta cambio de postura también podría dañar las relaciones con Argelia, otro socio estratégico de España, al ser además su principal proveedor de gas. De hecho, el ministro de Asuntos Exterior, José Manuel Albares, no quiso aclarar si se había consultado con Argelia esta decisión, que también la afecta directamente.