León, Gto., El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) no ha cumplido con las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) por la muerte de cinco trabajadores en la planta de tratamiento de aguas residuales, denunció su titular, Vicente Esqueda Méndez.

Por ello, advirtió, en caso de que persista el incumplimiento, se solicitará a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Guanajuato que cite a los directivos a que comparezcan ante el pleno, para que justifiquen por qué no quieren acatar las recomendaciones.

Esqueda Méndez expuso que debido a que SAPAL “aceptó la recomendación se vuelve obligatorio que cumpla”, y recalcó que la Procuraduría de los Derechos Humanos requerirá a ese organismo, a que cumplan con las recomendaciones y que envíen los documentos que acrediten el cumplimiento.

El nuevo presidente de SAPAL, José Antonio Morfín Villalpando, desestimó la investigación de Derechos Humanos, y afirmó que no tienen responsabilidad por la muerte de los cinco funcionarios.

El 13 de noviembre del 2020, Víctor Ricardo Briseño Rangel, José Salvador Afanador Martínez, Alberto de Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores y Juan Antonio Méndez Rivera, murieron intoxicados, con ácido sulfhídrico, en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento del SAPAL.

La Prodheg determinó que el SAPAL violó los derechos humanos laborales de los trabajadores y emitió varias recomendaciones —el 29 de octubre del 2021—, al entonces presidente de consejo, Jorge Ramírez Hernández, y a la contralora del gobierno de León, Margarita Márquez Moreno.

El ombudsman Esqueda Méndez recomendó hacer efectivo el seguro de vida de los trabajadores, cumplir con las indemnizaciones, brindar seguridad social a las parejas e hijos de dos de los finados y ofrecer atención médica, psicosocial y/o psiquiátrica, especializada.

Además, determinó el ombudsman, el organismo debe implementar medidas para evitar la repetición violaciones a los derechos humanos laborales.

Asimismo, la recomendación señala que Contraloría del gobierno de León debe iniciar un procedimiento administrativo contra Juan Jesús Estrada González, director de Asesorías, “por las omisiones en la investigación y dilación en el procedimiento administrativo”, y darle celeridad al procedimiento administrativo por la muerte de los empleados.

La contralora Margarita Márquez Moreno, informó que a finales de marzo estará concluida la investigación administrativa por la muerte de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.

“Esta investigación está casi por concluir, precisamente atendiendo a las negociaciones que hubo entre SAPAL y las familias; ya son los últimos elementos que requeríamos”, dijo la funcionaria, y previó que antes de que termine este mes estará concluida la investigación.