Ciudad de México. Fue una atropellada sesión en la que varios funcionarios, encabezados por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, comparecieron ante expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la revisión periódica del cumplimiento nacional de obligaciones que el Estado mexicano aceptó en 2007.

El tema, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El resultado: un encuentro presencial y virtual, en las ciudades de México y Ginebra, en el que fue evidente que los funcionarios de la ONU y sus contrapartes mexicanas hablaron lenguajes muy diferentes.

Tras ser presentada, Montiel Reyes dio cifras sobre las personas con discapacidad y destacó que hace dos años, en plena pandemia, una reforma constitucional promovida por el Ejecutivo llevó a la Constitución “el derecho a la entrega de apoyo económico a las personas que vivan en condición de discapacidad permanente.” Dichos apoyos, afirmó, permiten a 3.5 millones de personas con discapacidad, tener autonomía.

La titular de Bienestar afirmó que en el pasado los recursos “se entregaban a las organizaciones” y solían no llegar a sus destinatarios. Ahora, “los recursos llegan de manera directa y sin intermediarios”.

Montiel también recordó la propuesta de un “plan mundial de fraternidad”, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la ONU en 2021.

Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, dijo que ese organismo está consciente de la deuda que el país tiene con las personas con discapacidad y habló de falta de recursos para su atención. Seguiremos, añadió, “atentos y activos en defensa de este persistentemente ignorado sector de la población”.

Como suele ocurrir en esos espacios, los expertos de la ONU exhibieron preocupaciones no sólo a partir de datos oficiales, sino de la información y opiniones que resultan de su trato cotidiano con representantes de organismos civiles relacionados con el tema.

El relator del comité, el suizo Marcus Schefer, recordó que México fue uno de los primeros firmantes de la Convención, y que desarrolló programas y metas, pero los mismos no se han cumplido.

En alusión a los datos oficiales, Schefer dijo que “los informes de la sociedad civil y sus declaraciones orales pintan un panorama diferente”, pues se sigue viendo a las personas con discapacidad como “dependientes de la caridad y no como titulares de derechos”.

La experta Vivian Fernández de Torrijos puso en la mesa las preocupaciones de organizaciones civiles mexicanas: “¿Cómo se incluye a las personas con discapacidad sin caminar de la mano de la sociedad civil?”

Fue incluso muy específica: “¿Cuál es la situación actual del CONADIS y cómo tiene prevista la actual administración impulsar la generación de políticas transversales si se conoce el desmantelamiento del mismo?” Y remató: “La verdad es que en el Comité nos preocupa la poca independencia que esto pueda generar para los servicios de las personas con discapacidad”.

La especialista panameña aludió así a la incorporación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis) a la Secretaría de Bienestar, una decisión que abarca a 16 organismos públicos que gozan de cierta autonomía y serán incorporados a diversas secretarías en aras de la austeridad y para evitar la duplicación de funciones.

En el caso del Conadis, organismos civiles han alertado sobre el “enorme retroceso” que supondría su incorporación a la Secretaría de Bienestar, toda vez que podría perder presupuesto y facultades.

Montiel y el resto de los funcionarios, con un par de excepciones, respondieron con generalidades las preguntas puntuales de los funcionarios y expertos del organismo internacional.

En otra de sus intervenciones, Ariadna Montiel explicaría que “México ha entrado en una nueva etapa, con un gobierno electo por el pueblo, y hemos cambiado la visión del desarrollo social por la construcción de un Estado de Bienestar. Esto implica que las políticas están diseñadas para atender de manera integral a la población”.

Otra de las preocupaciones recurrentes de los especialistas fue la situación de los migrantes en tránsito por México y de los refugiados, particularmente de aquellos con alguna discapacidad. En este punto, hablaron de las detenciones por “largo tiempo”.

En diversas intervenciones, pidieron al Estado mexicano informar sobre las medidas concretas que se toman en los campamentos y centros de detención de migrantes para detectar y atender en ellos a las personas con discapacidad, “sobre todo aquellos que tienen dificultades intelectuales o sicosociales”.

Xadeni Méndez, directora de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Migración, habló de coordinación entre instituciones, de “capacitación y sensibilización de agentes federales”, así como del trabajo que realizan la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), pero no ofreció mayores datos sobre el trato que reciben los migrantes con discapacidad en las estaciones migratorias.

En la sesión también se encontraba Netzaí Sandoval, titular del IFDP, quien confirmó que esa institución cuenta con 34 abogados especializados que atienden “primordialmente” a personas con discapacidad.

Sandoval aprovechó el viaje para decir que apenas ayer, por vez primera, “logramos ingresar a la Estación Migratoria Siglo XXI”, un “lugar especialmente complicado y de las pocas estaciones a las que no habíamos tenido acceso nunca antes”.

Hacia el final de la sesión, cuando Ariadna Montiel explicaba nuevamente las políticas de bienestar, el lituano Jonas Ruskus la interrumpió, pues estaba programada una nueva ronda de preguntas.

“Discúlpeme por interrumpirla, señora Adriana Montiel Reyes, ¿no nos está escuchando?”

Nadie dijo a la secretaria que le habían quitado el sonido, primero, y luego que de plano la sacaron de la pantalla.

El examen periódico no ha terminado. Por lo pronto, quedó en el aire una de las preguntas finales de los expertos: “¿Cuántas personas migrantes con discapacidad hay en tránsito en México y cómo se les está protegiendo?”