Ciudad de México. La autoridad judicial “ordenó la suspensión temporal del cargo, más no la destitución” de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por su presunta participación en los delitos de robo calificado, abuso de autoridad y discriminación, aclaró el coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López.

En un mensaje a medios precisó que dicha medida cautelar “permite asegurar la presencia de la persona imputada en el proceso, garantizar la seguridad de las partes y evitar la obstaculización del procedimiento”.

Destacó que, es obligación del Ministerio Público atender todas las denuncias recibidas y es su responsabilidad generar la imputación respectiva con base en pruebas e indicios, como sucedió en este caso contra la alcaldesa y otros tres servidores públicos de la demarcación.

Los servidores públicos, dijo, “estamos obligados a hacer cumplir la ley, no a infringirla con el uso de cualquier tipo de violencia física, verbal, sicológica o institucional, y tampoco podemos atentar contra la dignidad de las personas bajo el amparo del poder que otorga un cargo público, es inadmisible”.

Dicha conducta, como autoridad procuradora de justicia “no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia”, afirmó al señalar que la Fiscalía ha cumplido y respetado todos los procesos y derechos de cada una de las partes, como el acceso a una adecuada defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.

En la audiencia, el Ministerio Público de la Coordinación General de Delitos de Alto Impacto presentó los datos de prueba recabados tras la denuncia de dos mandos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Dichos uniformados, explicó el también vocero de la dependencia, señalaron haber sido agraviados con conductas al margen de la ley cometidas por dichos servidores públicos, como agresiones verbales y físicas, en repetidas ocasiones.

Además de ser despojados de sus radios de transmisión y ser videograbados, por lo que el representante social se allegó de los indicios necesarios para presentarlos ante la autoridad judicial, misma que escuchó los argumentos de la defensa de los imputados que exhibió diversos dictámenes favor de sus representados.

Sin embargo, al acreditarse la posible comisión de los delitos señalados determinó vincularlos a proceso y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, que se cumplen el próximo 17 de mayo.

El juzgador ordenó asimismo girar oficio para reiterar las medidas cautelares impuestas el pasado lunes, consistentes en la suspensión temporal del cargo tanto para la alcaldesa como para los otros tres servidores públicos imputados.

Así como la prohibición para salir del país sin autorización y de acercarse comunicarse o concurrir a donde se pudieran presentar las víctimas y la obligación para presentarse a firmar de manera periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, precisó Lara López.