Ciudad de México. En 2018, consolidar su candidatura presidencial por la vía independiente implicó para Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, una operación irregular tanto por comprometer recursos públicos de esa entidad como por la presentación de firmas falsas que fueron detectadas en su momento por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante la complejidad de alcanzar las 866 mil requeridas entonces para obtener el registro.
Su obstinación por postularse a la Presidencia, que en su momento tuvo el aval desde Los Pinos, como parte de la estrategia para contener el avance en las simpatías electorales de Andrés Manuel López Obrador, hoy lo tiene en la cárcel. Rodríguez Calderón, popularmente conocido como El Bronco, alcanzó la gubernatura por la vía independiente, respaldado en gran parte por el sector empresarial de la entidad, crítico de la corrupción imperante en la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.
Con base en esa experiencia, pretendió repetirla para buscar la Presidencia de la República, aunque sin contar con el respaldo que antes tuvo en Nuevo León. En paralelo, los requisitos para lograrlo (866 mil firmas, para ese entonces casi el triple de los ciudadanos que se requerían para formar un partido), implicaban todo un desafío que, como se reflejó, alentó a realizar trampas a todos los aspirantes de 2018, incluida Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón, a quien le detectaron más de 130 mil apoyos falsos, pese a lo cual el INE le otorgó la candidatura.
Desde 2017 se echó a andar la maquinaria gubernamental para obtener los apoyos requeridos, aunque para ello se comprometieran en la estrategia funcionarios y recursos públicos. En su momento, se conocieron audios y videos que acreditaban que la estructura de gobierno operaba para conseguir las firmas en favor de Rodríguez Calderón.
Se asignaron tareas y metas a cada una de las áreas de gobierno de Nuevo León para conseguir la captación de firmas en los plazos fijados por la ley. La estrategia motivó desde entonces la presentación de denuncias por abuso de los recursos públicos con la finalidad de concretar la candidatura presidencial del entonces gobernador.
Sin embargo, el desvío fue insuficiente, como se corroboró durante la verificación de la autenticidad de las firmas. De acuerdo con el informe del INE, en esa elección se identificaron un millón 600 mil apoyos fraudulentos para aspirantes a candidaturas presidenciales independientes, de las cuales, alrededor de 400 mil (25 por ciento) correspondieron a El Bronco.
Aun cuando el INE dio vista a la entonces Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), con la intención de que acreditará posibles responsabilidades penales en la campaña por la postulación de Rodríguez Calderón, desde Los Pinos se presionó al Tribunal Electoral. Era el último intento oficial para frenar a López Obrador.
Acreditada por el INE y denunciada ante la Fepade, la trampa no impidió a los magistrados restituirle la candidatura independiente, con una apretada votación de 4 a 3, sobre la base de que en la revisión no se había garantizado a Rodríguez Calderón el derecho de audiencia y la posibilidad de probar la legalidad de los apoyos ciudadanos que el INE había considerado inválidos.
Fue así como, recurriendo al uso indebido de recursos públicos y la falsificación de firmas, El Bronco se subió a la contienda presidencial, candidatura que ahora lo tiene en el penal de Apodaca, acusado de desvío de recursos públicos.
