Madrid. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) propuso este lunes incrementar de manera provisional los impuestos a las empresas eléctricas, esto en un contexto, argumentó, en el que los consumidores, sobre todo en Europa, se han visto afectados por el desmedido encarecimiento de las tarifas de electricidad, mientras los grandes corporativos gozan de importantes beneficios económicos.

Al participar en un foro económico en Madrid, Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, enfatizó que este tipo de medidas provocarán que los gobiernos cuenten con más recursos para poderlos redirigir a aliviar el impacto de los elevados precios de la electricidad en consumidores.

Los precios de la energía aumentaron considerablemente en los meses recientes, impulsados por la fuerte demanda que trajo la reactivación de la economía tras la epidemia de covid-19. Esta dinámica se aceleró con fuerza tras el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero, especialmente en la Unión Europea (UE).

Como lo publicó La Jornada el pasado 8 de marzo (https://bit.ly/3J6qQkp), el precio mayorista de la electricidad en España ha alcanzado cuatro máximos históricos consecutivos; el último con una media de 544.98 euros, pero en la franja horaria más cara se disparó incluso a 700 euros el megavatio hora (MWh).

Ante este problema, Cormann indicó que las condiciones actuales del mercado dan lugar a un aumento en las ganancias de las empresas eléctricas, por lo que como primera medida pueden aumentarse los impuestos que pagan, canalizando los recursos a las familias para que paguen una factura más baja.

A corto plazo, dado el beneficio que están obteniendo las empresas energéticas, ahora hay una capacidad de aumentar el nivel de impuestos que pagan estas compañías y redirigir parte del dinero a medidas para amortiguar el impacto de los altos precios en los consumidores, agregó.

Sin embargo, más allá de las medidas a corto plazo, el secretario general de la OCDE juzgó necesario incrementar los esfuerzos para garantizar la seguridad del suministro, especialmente en la UE, muy dependiente del gas y del petróleo rusos. Es claramente un problema estructural, insistió. Además, señaló que cualquier respuesta fiscal tiene que estar muy, muy dirigida, porque no puede producirse un aumento de impuestos generalizado, sino muy dirigido a ciertos sectores específicos, además de tener en cuenta el giro asumido por los bancos centrales en sus políticas monetarias en respuesta a las presiones inflacionarias.

En Francia el gobierno calculó en 22 mil millones de euros (unos 24 mil 100 millones de dólares) el costo de las medidas destinadas a hacer frente al alza de los precios; mientras que en España se necesitarían entre 10 mil y 12 mil millones de euros en 2022.

Varios países, como Italia, afirmaron estar considerando gravar las ganancias que obtengan los productores a raíz del aumento de precios. El gobierno español ya había anunciado una medida similar en el otoño del año pasado, pero revisó su decisión ante las críticas de los gigantes del sector.