Nueva York. Las empresas de armas demandadas por México en un tribunal federal en Massachusetts argumentaron que las leyes estadunidenses los protegen de las acusaciones y que México no ha comprobado la violación de ninguna ley en el comercio legal de los armeros en Estados Unidos y por lo tanto solicitan que el juez deseche el caso por falta de mérito.

En sus respuestas tanto individuales y una conjunta a los argumentos legales presentados por México a favor de proceder a juicio, ocho fabricantes de armas reiteraron su posición de que el caso mexicano carece de mérito para proceder a juicio.

El juez F. Dennis Saylor IV del Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts ahora cuenta con un plazo de 45 días para formular su decisión sobre si el caso procede o es desechado.

En su respuesta conjunta de 40 cuartillas, los armeros reiteran su argumento de que este es un caso presentado en un tribunal en Boston por daños ocurridos en México, y que ningún de los demandados ha cometido ninguna violacion en el país vecino. “Todos los acusados son empresas estadunidenses que el gobierno mexicano está tratando de responsabilizar por su conducta legal que ocurrió enteramente dentro de Estados Unidos, sobre la teoría de que algunos de sus productos llegaron de contrabando a México por criminales y usadas por otros criminales para cometer delitos allá”.

Eso, afirman, son actos de terceras partes que no tienen ninguna relación con las empresas y su comercio legal en Estados Unidos, y ni están presentes en este caso.

Los demandados también rechazan el argumento de que este caso debe proceder aplicando la ley mexicana en Estados Unidos. “A fin de cuentas, los derechos soberanos domésticos de Estados Unidos en regular como las armas de fuego deben ser fabricadas y vendidas en Estados Unidos pesan mucho más que los intereses remotos de México en regular la industria de armas de fuego estadunidense como una manera de mitigar los daños causados por criminales mexicanos en México”, afirman.

Una vez más señalaron que una ley estadunidense llamada Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA por sus siglas en ingles), la cual otorga amplia inmunidad legal a fabricantes, distribuidores y vendedores de armas, protege a estas empresas de demandas civiles como esta por el uso ilegal de sus productos en Estados Unidos. Subrayan que este caso “se trata de si empresas estadunidenses pueden ser responsabilizadas en un tribunal estadunidense por su conducta en Estados Unidos”, y que la PLCAA explícitamente protege las actividades legales de las empresas de armas.

Mas aun, reafirman que el caso no tiene mérito porque al centro esta la actividad ilícita de terceros que no tienen ningún vinculó con los demandados. Afirman que ‘la violencia de los carteles mexicanos es completamente ‘independiente’ - ya que los carteles realizarían la misma actividad violento utilizando cualquiera de los otros millones de armas de fuego disponibles sin relación a la supuesta conducta de los acusados - [y por lo tanto] Mexico no tiene mérito para demandar a los acusados aqui”.

Subrayan que es “completamente especulativo decir que las ventas y actividades comerciales supuestamente ilegales de los acusados… causan que los carteles hagan daño contra el gobierno mexicano”, argumentan que los carteles tienen acceso a millones de otras armas no fabricadas por los acusados y enfatizan que “la mera existencia de una arma de fuego no causa que cualquiera la use de manera ilegal. Solo es la decision independiente de mal usar la arma lo que causa daños”.

Rechazan el argumento de México de que los armeros son los que arman a los carteles, sino que más bien “una serie de actores criminales arman a los carteles en México con los productos legalmente fabricados y distribuidos por los demandados… Ninguno de los demandados cometió algún acto en México”.

Por todo eso, argumentan que es pura especulación afirmar que “los carteles cometerían menos violencia…. sin la conducta alegada de los acusados”. Concluyen que por lo tanto, “los daños que alega México no se pueden justamente atribuir a los acusados”.

En sus argumentos individuales, los demandados comparten la conclusión que México ha fracasado en cumplir con su obligación de presentar evidencia de que los supuestos daños que ha sufrido como resultado de la violencia criminal en México están relacionados con las ventas legales de armas de fuego por los armeros a distribuidores con licencias federales en Massachusetts, y por lo tanto el tribunal debería de desechar el caso.

Estas son las respuestas a la primera respuesta de México a los argumentos de los demandados entregada al tribunal el pasado 31 de enero [https://www.jornada.com.mx/2022/02/01/politica/003n1pol].

Todos ahora esperarán la decision del juez sobre si el caso procede o no.

México presentó su demanda civil contra empresas fabricantes de armas y un distribuidor en Estados Unidos el 4 de agosto ante el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Massachusetts. México argumenta que los fabricantes deliberadamente facilitan la venta de armas de fuego que finalmente llegan a manos del crimen organizado del otro lado de la frontera y con la demanda están buscando tanto reparaciones económicas por el daño como compromisos de estas empresas en frenar el flujo ilícito de armas al asumir mayor responsabilidad en la venta y promoción comercial de sus productos que nutren la violencia al otro lado de la frontera.

La demanda de México es apoyada ante el tribunal por seis de las principales organizaciones de prevención de de violencia de armas de fuego en Estados Unidos, los procuradores estatales de 13 estados y la capital de Estados Unidos y decenas de fiscales distritales alrededor del pais, los cuales se sumaron al caso en su capacidad de “amigos de la corte”.

Las empresas demandadas que entregaron sus respuestas individuales y una colectiva son Smith & Wesson, Glock, Barrett Firearms, Beretta USA, Sturm, Ruger & Co., Colt’s Manufacturing Co., Century International Arms y Witmer Public Safety Group.