Ciudad de México. Los usos y costumbres en las comunidades indígenas en ningún caso deben derivar en violencia o discriminación contra niñas y mujeres, como el hecho de forzarlas a contraer nupcias a edad temprana, se advirtió en un dictamen aprobado ayer por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en el que se advierte sobre la urgencia de elaborar directrices y políticas públicas que garantice la seguridad, igualdad y dignidad de las menores.

Durante una reunión vía digital, esa comisión senatorial que preside la panista Kenia López Rabadán acordó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Fiscalía General de la República que, en coordinación con instancias homólogas en Guerrero, diseñen, instrumenten y ejecuten un plan integral para prevenir y erradicar el matrimonio infantil.

Legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en que los matrimonios forzados, la venta o intercambio de niñas, niños, adolescentes y mujeres no son situaciones exclusivas de Guerrero o de otra entidad federativa, sino que estos delitos y otras formas de violencia “han presentado un preocupante aumento en todo México”, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En esa sesión, la Comisión de Derechos Humanos también avaló un dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de género.

En el mismo se destaca que el objetivo es promover la adecuación del marco jurídico nacional que rige nuestra convivencia diaria, para abonar a los avances de inclusión y no discriminación de las niñas y mujeres mexicanas.

Se subrayó que la perspectiva de género debe integrarse en el quehacer institucional para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tomando en cuenta que la inclusión determina la generación de prácticas, reglas y sanciones para consolidar el combate a la violencia contra este sector poblacional, así como para contrarrestar las desventajas sociales.