Santiago. El juvenil líder izquierdista Gabriel Boric Font, un egresado de la carrera de derecho que no presentó aún su tesis de grado, de 36 años cumplidos a mediados de febrero y quien hace apenas 10 encabezaba las protestas contra la educación mercantilizada, asumirá este viernes la presidencia de Chile con una enorme carga de anhelos colectivos en su espalda y de urgencias ineludibles e impostergables.

Gobernará con el encargo de no defraudar la exigencia de cambios estructurales expresada en años recientes, en particular cuando el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 y que se prolongó por meses, sacudió a la sociedad y la institucionalidad hasta sus cimientos, como uno de esos terremotos descomunales que asolan al país de cuando en cuando, desatando un proceso constitucional que está en marcha, que avanza contra el tiempo y contra el boicot derechista.

A Boric lo esperan desde el minuto "cero" ingentes desafíos: tal vez el más urgente en cuanto a conflictividad es atender la reivindicación histórica reclamada por los pueblos originarios, en particular de los mapuche, algunas de cuyas organizaciones protagonizan un creciente alzamiento armado en el sur del país por la recuperación de sus tierras ancestrales, ahora en manos de latifundios forestales. La situación en ese territorio de 72 mil kilómetros cuadrados en las regiones del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos, es de cuasi ausencia del estado de derecho, pese al despliegue de miles de policías y militares con toda clase de recursos tecnológicos.

Es de los peores fracasos del saliente presidente Sebastián Piñera, cuya única política fue responder a los mapuche con más represión y criminalizarlos como terroristas y delincuentes, el mismo trato indigno que por siempre dio la nación chilena a los indígenas. Boric ha prometido que abrirá un diálogo sin exclusiones con todas las organizaciones mapuche, incluida la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que lidera la "resistencia y recuperación territorial".

Los problemas de orden y de seguridad se extienden también a las grandes urbes, donde centenares de barrios populares están literalmente tomados por narcotraficantes que campean en ellos y ostentan su poder de fuego.

Al novel presidente lo espera también una crisis migratoria descomunal en el norte, en las fronteras con Perú y Bolivia, por las cuales diariamente se cuelan miles de venezolanos, haitianos, colombianos y peruanos, que llegan con la esperanza de encontrar trabajo, residencia y educación para sus hijos. En ese afán, desesperados y abandonados a su suerte por el gobierno, han copado los espacios públicos de importantes ciudades, habitan en carpas instaladas en plazas y veredas, sin acceso a servicios mínimos como agua potable o sanitarios. La reacción han sido expresiones de xenofobia por parte de ciudadanos chilenos, saturados por el desmadre en las calles, mientras que el gobierno de Piñera -que alentó la venida cuando en febrero de 2019 viajó a Cúcuta, en la frontera colombo/venezolana, a participar de los actos que buscaban derrocar al régimen de Nicolás Maduro, y donde dijo que los venezolanos eran bienvenidos aquí- se dedica a expulsarlos.

Es un problema mayor: la reciente encuesta DataInfluye dice que 65 por ciento está "muy en desacuerdo" o en "desacuerdo" con el ingreso de migrantes y sube a 73 por ciento en el norte.

Más allá de esos desafíos contingentes, Boric se comprometió a aumentar el sueldo mínimo hasta cerca de 650 mensuales dólares (actualmente en torno a los 380 dólares) y a reducir la jornada laboral desde 48 a 40 horas semanales; a reformar el sistema de pensiones para terminar con las administradoras privadas, a una reforma tributaria orientada a los súper ricos que recaude cinco puntos del PIB (unos 15 mil millones de dólares), a reducir significativamente las listas de espera de atención médica (hay un millón de cirugías pendientes), a condonar las deudas de los universitarios (unos 8 mil millones de dólares), a crear el Fondo Universal de Salud; a enfrentar el déficit de 600 mil viviendas sociales; y mucho más.

No la tendrá fácil, al contrario. Carecerá de las mayorías parlamentarias para legislar su programa y deberá negociar prácticamente todo con la centro izquierda que no lo respaldó en las presidenciales y otros sectores moderados.

Además, deberá lidiar con la sedición derechista, confesada hace unos días por un diputado que se dejó decir que su partido saldrá a "hacer oposición con todo" y a "atrofiar"; y también "a quitarle fuerza moral" a la Convención Constitucional. Después se corrigió, habló de "apretar", pero...

Boric, que ganó la presidencia en diciembre con 55.87 por ciento y que con 4.8 millones de votos lo convierten en el gobernante más votado en la historia del país, no la tendrá fácil.