San Cristóbal de Las Casas, Chis. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) aseguró que ha recibido reportes de que “en los primeros ocho días del mes de marzo han ocurrido 78 ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama”, de grupos armados de Santa Martha, Chenalhó.

Agregó que “en febrero fueron 346 registros de agresión armada”, y “existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada”.

En un comunicado manifestó que “los ataques armados son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles de Aldama y no han sido detenidos a pesar de las acciones de los gobiernos estatal y federal; la población continúa violentada”.

Agregó que “aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolverlo de fondo y solo ha logrado administrarlo”.

Recordó que el 3 de marzo los gobiernos estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola, ubicado en el municipio de Ixtapa, a los 115 comuneros de Aldama, pero “ese mismo día a las 11:15 la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada y estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito, en Fracción Ak'tik 2, ubicado dentro de las 60 hectáreas en disputa”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, afirmó que “la entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, pues ese mismo día continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Al cierre de este boletín se contabilizaron 5 reportes más”.

Dijo que “el conflicto no es una situación aislada, es resultado de la ausencia de acciones efectivas por parte del Estado mexicano, que además de administrarlo, permite y fomenta diversas violaciones a derechos humanos mediante la colaboración, aquiescencia y tolerancia manifestadas en varias acciones y omisiones tanto de funcionarios como de grupos armados en la región”.

Expresó que “los compromisos internacionales que tiene México en materia de derechos humanos para asegurar una vida libre de violencia en la sociedad y en especial en el territorio de los pueblos originarios son tareas incumplidas”.

Hizo un llamado al Estado mexicano a que “proceda con acciones efectivas de seguridad y de atención para detener y erradicar la violencia que actualmente viven los pueblos originarios de Chiapas y particularmente los del municipio de Aldama y Chenalhó”.