Denuncian legisladores la intención del gobierno estatal de “llevar a cabo una limpia al interior del Poder Judicial en el estado”, justificada por los altos índices de corrupción, expresando que presuntamente Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, estaría generando el cambio de jueces para se concreten asuntos legales, lo que además legisladores de oposición, investigadores y politólogos califican como un acto de sometimiento por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial en la entidad.
Desde el arribo de Enrique Alfaro Ramírez a la gubernatura de Jalisco en diciembre de 2018, el político emergido de los colores de Movimiento Ciudadano apuntó como necesaria una limpia al anterior del Poder Judicial del estado, sin embargo, a la fecha varios casos, de los cuales hay registro en medios locales, apuntan a “que el Poder Ejecutivo ha presionado para lograr la jefatura del poder Judicial, según denuncias públicas.
De acuerdo con diputados de la LXII Legislatura de Jalisco, en 2019 el gobernador Enrique Alfaro anunció su intención por hacer cambios en el Poder Judicial; primero señaló la urgencia de establecer turnos electrónicos para asuntos que llegaran en primera instancia, pero posteriormente consideró necesario la colocación de alguien de confianza en la Oficialía de Partes.
No obstante, aquel anunció ha derivado en el control del Ejecutivo estatal sobre el Poder Judicial, ya que la reconfiguración planteada por el gobernador incluyó que el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) y el Tribunal de Justicia Administrativa (YJA) quedaran en manos de Rafael Martínez Ramírez, ex secretario general del Ayuntamiento de Zapopan y cercano al mandatario emecista.
Algunos señalamientos apuntan a que para llevar a cabo dicho proceder sobre el Poder Judicial estatal, Alfaro Ramírez contaría con el respaldo de varios jueces del CJE, de modo que pueda ejercer el sobre este, principalmente porque respaldó los nombramientos de Iván Novia Cruz, Claudia Esperanza Rivera Maytorena (propuesta del PAN) y Tatiana Esther Anaya Zúñiga; ello sin contar que también tiene el voto del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.
Asimismo, declaraciones de abogados y funcionarios coinciden en que la fórmula en que funciona la impartición de justicia en juzgados de primera instancia en el estado de Jalisco, es con la revisión de demandas por parte de la Oficialía de Partes, para que esta determine a qué juez turnar el asunto, lo cual recae en la responsabilidad de Carlos Arias, quien es señalado por tener el control sobre la mayoría de los jueces, tal como lo reiteraron en diferentes oportunidades los gobiernos panistas de la entidad.
Los jueces, refieren las fuentes consultadas por medios locales, deben aceptar los mandatos e imposiciones que se les dan en determinados casos, porque de lo contrario se les cambia de juzgado y hasta de materia que ejercen, a manera de castigo.
Como ejemplos de lo anterior, yacen el juez civil Melchor Augusto Gómez Córdova que, tras su nombramiento en julio de 2019, en tan solo 45 minutos ordenó la liberación de Horacio N, acusado de fraude, cuyo caso tenía hasta aquel momento un expediente de 11 mil fojas en 15 tomos, todo esto a pesar de que el juez no tenía experiencia en materia penal.
Otro caso, en el que se sospecha que Rafael Martínez Ramírez impulsó la licitación ilegal de arrendamiento de unidades para seguridad pública en Guadalajara, lo cual habría sido en complicidad con el entonces presidente de la Sala Superior del TJA, José Ramón Jiménez Gutiérrez, quien procedió a atraer el caso y negar la suspensión provisional que ya había emitido la Cuarta Sala Unitaria.
