Ciudad de México. Por violencia institucional y vulnerar el acceso a la justicia de la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz, quien fue atacada con ácido en 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 28/2022 al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Arturo de Jesús Peimbert Calvo. Pidió a las autoridades el reconocimiento de su responsabilidad en este caso y ofrecer una disculpa pública a la víctima y su familia.

En el documento, la CNDH recordó que el 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos Ortiz, de entonces 26 años, se encontraba en su domicilio, cuando fue agredida. Expuso que de las constancias recabadas, pudo observar que los procesos de apoyo y atención por parte de las distintas autoridades del gobierno estatal y de la FGE de Oaxaca, comenzaron a llevarse a cabo solo después de que la víctima y sus familiares lograron la atención de la prensa.

También evidenció que la fiscalía no elaboró un plan de protección en coordinación con otras dependencias de la administración pública estatal o municipal, ni ejecutó adecuadamente medidas en favor de la víctima ni de sus familiares. Consideró que las autoridades responsables debieron realizar las diligencias de manera autónoma, sin necesidad del impulso procesal de las víctimas o de la exposición del caso a la opinión pública a través de los medios de comunicación.

Asimismo, en la recomendación, señaló que en el desarrollo de sus investigaciones, la Fiscalía General y el gobierno del estado de Oaxaca presentaron información incompleta o negaron de manera reiterada su plena colaboración, con lo que se obstaculizó la investigación. “Incurrieron en responsabilidad al incumplir sus funciones con apego al marco legal que protege los derechos humanos y regula la función de los servidores públicos”.

La CNDH añadió que a pesar de la declaratoria de violencia de género en el estado, desde 2018, por violencia feminicida, “hay incumplimiento del gobierno de la entidad sobre las medidas recomendadas.

Señaló que en el estado “se vulneró la obligación de atender, investigar y sancionar la violencia ejercida contra las mujeres, por parte de por lo menos 17 personas servidoras públicas del gobierno local y de la Fiscalía General del Estado”.

En la recomendación, al gobernador también se le solicita realizar de manera inmediata una campaña de promoción y difusión de los derechos de las mujeres, víctimas de violencia de género en toda la entidad, con duración de al menos un año.