Mexicali, BC. El Gobierno de Baja California investiga a servidores públicos que otorgaron un contrato a la empresa Next Energy para construir y operar una planta de generación de energía fotovoltaica pues asumieron facultades que le competen al gobierno federal, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Así lo dio a conocer, al ser cuestionada sobre esta planta y el rechazo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de otorgarle la concesión de esta planta proyectada a instalarse en el Valle de Mexicali.
El secretario de Hacienda, Marco Mexia, sostuvo que investiga las irregularidades que dieron lugar a un proyecto lesivo para las finanzas públicas para seguir de cerca el factor de riesgo.
Durante conferencia de prensa en Tijuana, Ávila Olmeda pidió al funcionario que explicara los avances sobre el tema, y éste dijo que se integró un equipo de especialistas en asuntos jurídicos y financieros para revisar el contrato que resulta de amplios beneficios para la empresa ante una eventual cancelación por la parte gubernamental.
El lunes, en entrevista previa, la gobernadora sostuvo que este contrato representa un daño patrimonial al Estado por la cláusula de cancelación e instó a la empresa para que de manera ética reconozcan que nunca tuvieron los permisos de construcción ni de operación por lo que es imposible su funcionamiento.
“Vamos a marcar la ruta para rescindir el contrato, pues los permisos no son asuntos municipal ni estatal. Se van a presentar recursos jurídicos y legales que correspondan para que no afecte al patrimonio Baja California”, dijo, al tiempo de señalar que la planta de generación de energía fotovoltaica que se construye en Puerto Peñasco, Sonora, va ayudar a Baja California en la conectividad con la Red Nacional Eléctrica.
“Se trabaja en esta ruta y beneficiará al sistema de energía”, precisó.
Entre las cláusulas del contrato firmado en 2020 por el ex gobernador Jaime Bonilla, se señala que en caso de una cancelación gubernamental se debe otorgar un pago a la empresa de cinco mil millones de pesos. En mayo de 2021, Bonilla colocó la primera piedra de esta obra que generaría energía para la operación del Acueducto Rio Colorado-Tijuana que suministra agua a las ciudades de Zona Costa, cuya facturación es de 100 millones de pesos mensuales.
Este proyecto promovido por Bonilla Valdez carece de permisos de la Comisión Reguladora de Energía, de la Secretaría de Energía y de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de México.
El Consejo Consultivo de la CRE determinó el 25 de febrero la improcedencia de este contrato por carecer de facultades para otorgar concesiones, las cuales son exclusivas del Gobierno federal.
En abril de 2020, Bonilla canceló un primer contrato de suministro de energía eléctrica al acueducto a la empresa Sumex, quien presentó una demanda por incumplimiento unilateral y se encuentra en tribunales; en su lugar, contrató a la empresa Orca pero también canceló sus servicios.
Ante estas decisiones, la Comisión Federal de Electricidad intervino para dar servicio eléctrico al acueducto que suministra agua a tres millones de bajacalifornianos, a través del servicio de suministro de último recurso, ya que el Río Colorado es la principal fuente de abastecimiento. Por ello, la administración estatal de Bonilla Valdez generó una deuda con la paraestatal que se vio obligada a adquirir el fluido a precios en el mercado, superiores a los contratados.
El artículo 57 de la Ley de la Industria Eléctrica señala que no de no existir un permisionario para proveer de energía a una zona geográfica, la CFE debe ofrecer el servicio en la modalidad del Suministro de Último Recurso.
