Irapuato, Gto. La Fiscalía General del Estado (FGE) violó los derechos humanos de 44 personas de Irapuato “por la falta de diligencia y exhaustividad en la investigación de la desaparición de familiares”, determinó el ombudsman, Vicente Esqueda Méndez, quien destacó que en un caso la titular de la Agencia ocho del Ministerio Público (MP) Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas tardó más de dos años en emitir una Alerta Amber. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) recibió 44 quejas individuales, entre el 2019 y el año 2020, contra la titular de la Agencia ocho del Ministerio Público de Irapuato -no revelan el nombre-.  Todas las denuncias se integraron en el expediente de queja 307/19-B-II y sus acumulados. 

“Las personas quejosas expresaron que la autoridad señalada no realizó una investigación exhaustiva y diligente ante las denuncias que formularon por la desaparición de sus respectivos familiares”, señala el expediente. 

Por las violaciones a los derechos de 44 personas, la Prodheg emitió cinco recomendaciones al titular de la Fiscalía General del Estado de la Región “B”, Israel Aguado Silva, para que deslinde responsabilidades administrativas contra la titular de la Agencia ocho del Ministerio Público. 

El titular de la Prodheg, Vicente Esqueda Méndez, solicitó al fiscal regional que brinde atención sicológica a los quejosos, que revise las carpetas de investigación para que sean debidamente integradas, capacite al personal del MP y les entregue una copia de la resolución. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos revisó todas las carpetas de investigación y determinó que el personal de la FGE “no cumplió a cabalidad con sus obligaciones, lo que se tradujo en una violación al derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia y al derecho a la verdad”. 

El 24 de julio del 2018, una mujer denunció la desaparición de su hijo menor de edad y el Ministerio Público tardó dos años y 76 días en activar la Alerta Amber, señala el expediente de queja. 

En otro caso similar, el personal de la FGE en Irapuato tardó 11 días en activar la Alerta Amber por la desaparición de una menor de edad, denunciada el siete de junio del 2019. 

La titular del Ministerio Público fue omisa al investigar la desaparición de una mujer que fue privada de la libertad en una camioneta con placas del Estado de México, señaló Derechos Humanos. 

Precisó que la funcionaria no solicitó apoyo al Registro Público Vehicular, ni a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “para verificar si el día de los hechos vieron o identificaron en las casetas, carreteras o en otros estados de la República Mexicana, el vehículo en el que presuntamente transportaron a la persona desaparecida”. 

La Fiscalía General del Estado de la Región “B” tardó un año y un mes en integrar perfiles genéticos a la carpeta de investigación iniciada, el tres de noviembre del 2019, por la desaparición de una mujer, destaca el ombudsman. 

En el caso de la desaparición de un joven, la Fiscalía tardó un año y cinco meses en realizar los peritajes para el cotejo del perfil genético. 

En términos generales las autoridades fueron omisas porque ignoraron las solicitudes de geolocalización de líneas telefónicas, por no solicitar a tiempo videos a Seguridad Pública Municipal, por la falta de diligencia para obtener información del Servicio Médico Forense (Semefo) y por no entrevistar a personas que podían aportar información sobre la desaparición de hombres, mujeres, adolescentes y menores de edad. 

Tampoco aplicaron con diligencia el Protocolo Alba, ni buscaron a los desaparecidos en centrales camioneras, aeropuertos, cárceles, en caminos federales, estatales y municipales, detalla la investigación. 

La Prodheg también emitió recomendaciones contra el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas de Celaya por la violación a los derechos humanos de tres personas que denunciaron la desaparición de dos mujeres y un hombre.