San Cristóbal de Las Casas, Chis., La agrupación Melel Xojobal afirmó que “el incremento de la incidencia delictiva en San Cristóbal y la proliferación de armas de fuego ponen en riesgo la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes, ya sea porque pierden la vida o por la muerte violenta de sus madres, padres o cuidadores como sucedió con el homicidio de Paula Ruiz de los Santos, ocurrido el 19 de febrero en pleno centro” de San Cristóbal.

La agrupación, que trabaja con niños y adolescentes, recordó que el 26 de febrero, fue asesinado con arma de fuego desde una motocicleta en movimiento, cerca de su domicilio en la Colonia Emiliano Zapata, un menor de 16 años de edad.

Esta muerte, señaló en un comunicado, “se suma a los dos fallecimientos de menores de edad por arma de fuego ocurridos en menos de seis meses: la primera, una niña de siete años que falleció en septiembre del año pasado a causa de una bala perdida que entró a su habitación mientras dormía, y el segundo, un adolescente de 17 años, asesinado en el periférico cerca del mercado de la zona norte en octubre; los tres eran indígenas”.

Agregó: “Desde Melel Xojobal, A. C. expresamos nuestra indignación ante el escalamiento de la violencia armada en el estado y el municipio y las diferentes expresiones de la misma que cercenan cotidianamente los proyectos de vida de las niñas, niños y adolescentes indígenas que viven en San Cristóbal”.

Comentó que “Chiapas es la entidad federativa con el mayor rezago educativo de niñas, niños y adolescentes, el de más carencia por acceso a la seguridad social y el de menores ingresos en comparación con el promedio nacional”.

Aseguró que “el desempleo y los paupérrimos salarios, la migración a otros estados del país, la violación de los derechos básicos al acceso a la salud, agua y alimentación, los desplazamientos forzados por conflictos por territorios, la precariedad de la vida por la pandemia de Covid-19, así como la criminalización hacia las niñas, niños y adolescentes trabajadores y sus familias, exacerban las dinámicas de desigualdad, exclusión y discriminación social y colocan a las infancias en condiciones de mayor vulnerabilidad, principalmente a niñas, niños y adolescentes indígenas”.

Hizo un llamado al gobierno en sus tres niveles “a poner en el centro de la agenda pública la vida de las niñas, niños y adolescentes a través de verdaderas políticas públicas incluyentes en educación, salud, alimentación, seguridad ciudadana, espacios de esparcimiento, deporte y cultura, que generen de forma sostenible condiciones para el acceso y disfrute pleno de derechos que garanticen la supervivencia y desarrollo de las infancias y el bienestar de sus comunidades”.

A la sociedad en general le pidió “no naturalizar la violencia que con frecuencia estamos viviendo en la ciudad y a la no criminalización de las infancias, adolescencias y juventudes, víctimas principales de estas situaciones y que han sufrido las mayores consecuencias de las marcadas brechas de desigualdad”.