Ciudad de México. A través de la Unidad de Investigación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) logró que el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (Trijaem) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33 ex servidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018 por abuso de funciones y desvío de recursos, principalmente.
Durante la sesión, la bancada de Morena cuestionó el programa del Salario Rosa, al exponer que la integración de los padrones, los expedientes, la falta de transparencia y hasta la inexistencia de recibos que comprueben que los recursos fueron entregados lo convierten “en un programa cien por ciento cuestionado”, planteó la diputada Azucena Cisneros.
En la reunión de trabajo con las y los diputados, el Osfem dejó en claro que las sentencias en el caso de las 33 personas servidoras públicas sancionadas, ya están firmes y no hay posibilidad de interponer amparos, para el caso de ex alcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras, secretarios, contralores internos, presidentas de DIF municipales, ex rectoras, entre otros, a los que se aplicaron inhabilitaciones de hasta 10 años.
Además de suspensiones, destituciones e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba de los cinco millones de pesos a las y los ex funcionarios de los municipios de Acolman, Tonanitla, Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF Tequixquiac, el Imcufide Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020 del Osfem, por parte de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, y su equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala del Triajem de Toluca y Atizapán, respectivamente.
El Salario Rosa, programa más cuestionado del gobierno estatal
Durante la reunión, la diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados Daniel Andrés Sibaja González y Mario Ariel Juárez Rodríguez señalaron que las 80 recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización estatal (Osfem) al programa Salario Rosa, particularmente por la falta de información de padrones de beneficiarios y evidencia de la entrega de los recursos públicos, lo ubican como uno de los programas con más observaciones de la administración estatal.
La y los diputados señalaron que en la vertiente de ‘Becas Familias Fuertes por la Educación’ en el 2020 se integraron de manera incorrecta 40 por ciento de los expedientes, que en la vertiente ‘Por el Trabajo’ 30 por ciento de los expedientes fueron de buena fe y que 40 por ciento de las personas beneficiadas del programa no son población vulnerable.
También expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo porque para este año, el Congreso local autorizó cuatro mil millones de pesos más al programa, además de que el diputado Ariel Juárez lamentó que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó clasificar como reservada por cinco años la información de la población beneficiada.
Al respecto, el legislador Max Agustín Correa Hernández cuestionó si los hallazgos de las auditorías realizadas al Salario Rosa correspondían con lo expresado en los informes trimestrales por el Ejecutivo, en tanto que el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz expresó que el programa, al ser uno de los más importantes del gobierno estatal, debe ser observado y subrayó que hasta el momento no se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas, por lo que llamó a esperar las conclusiones de las observaciones.
En la reunión también se expresaron cuestionamientos de las diputadas Karla Gabriela Esperanza Aguilar y María Luisa Mendoza Mondragón, así como de los diputados Román Cortés Lugo, Isaac Martín Montoya Márquez, Guillermo Zamacona Urquiza y Martín Zepeda Hernández con temas como el avance de solventación de observaciones, recomendaciones a organismos de agua, diferencias de cumplimiento de metas con recurso ejercido, la normatividad de las auditorías tecnológicas y lo observado al Centro de Control de Confianza estatal.
La legisladora Osornio Evelyn Jiménez, presidenta de la Comisión, informó que se llevaron a cabo cuatro reuniones para analizar el Informe del Osfem y que el cuatro de marzo tendrían un esbozo de los dictámenes de las cuentas públicas para poder entregarlas al Pleno legislativo próximamente, dado que el límite para hacerlo es el 10 de marzo.
