Cuernavaca, Mor. Patricia “N”, quien fungió como secretaria de Obras Públicas durante la pasada administración estatal de Graco Ramírez, fue detenida la noche del lunes en Jiutepec acusada del delito de ejercicio abusivo de funciones, al adjudicar la demolición y construcción de una obra por 75 millones de pesos a una empresa “fantasma”, informó la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.

La detención ocurrió alrededor de las 21:30 horas en un hotel, al parecer de su propiedad, ubicado en San Gaspar, en este mismo municipio, al cumplimentarse una orden de aprehensión que otorgó un juez de control el pasado 18 de febrero.

El pasado 17 de febrero, recordó la Fiscalía Anticorrupción, en una audiencia de apelación, en cumplimiento a Ejecutoria de Amparo, esta fiscalía obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Patricia N, por el delito mencionado, y por la gravedad de este, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinaron imponerle prisión preventiva, dándole cinco días hábiles para que se presentara ante el Centro Reinserción Social de Atlacholoaya, pero la ex funcionaria no acató la determinación de los magistrados, por lo que fue aprehendida.

La fiscalía aseguró que la detención “es porque presuntamente adjudicó de manera directa la obra ‘Demolición y construcción de un edificio en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla’ por más de 75 millones de pesos a una empresa ‘fantasma’, pese a que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas establece que las adjudicaciones directas no deben rebasar los 2.5 millones de pesos”.

Agregó que “por este caso también están vinculados a proceso, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, Gonzalo ‘N’ ex subsecretario de Evaluación y Seguimiento y Hugo ‘N’ ex director general de Licitaciones y Contratación de Obra Pública”.

En octubre de 2018 el ex secretario de obras públicas en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, Fidel Giménez-Valdés, reveló a La Jornada que durante la administración del perredista Graco Ramírez, 95 por ciento de los contratos de obras públicas se adjudicaron de manera directa o por invitación restringida, y sólo cinco por ciento se licitó, violando las leyes federales y estatales.

En esa ocasión, Giménez-Valdés detalló que de mil 996 contratos, mil 242 se adjudicaron de manera directa, 635 por invitación restringida y sólo 119 se licitaron.