Ciudad de México. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró la invalidez del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, que tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, como “una decisión justa y correcta”.
Abundó Monreal: “ahora a luchar para que sean liberadas todas las personas que están privadas de su libertad por este ominoso ilícito”.
También presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista destacó que esa sentencia surtirá efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, de cuando dicho instrumento jurídico entró en vigor con penas agravadas de dos años a siete años de prisión.
La resolución del Poder Judicial del país se concretó, subrayó , un día después de que el Congreso de Veracruz sesionara para modificar sólo dos fracciones del artículo 331 y dejar intacto el delito penal con los agravantes, contrario a lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), exigía en su recomendación 145/2021 de que se derogara para evitar más violaciones a los derechos humanos.
Monreal refirió que la Corte concluyó, sobre el proyecto de Acción de Inconstitucionalidad 66/2021 elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que son inconstitucionales los artículos 331, en sus fracciones I, II, III y IV; y 371 fracción II del Código Penal veracruzano, tras argumentar que “son violatorios de los derechos a la libertad de expresión, a la Información y al principio de la legalidad”.
Desde que entró en vigor con sus agravantes se tipo penal en el estado, han sido detenidas cientos de hombres y mujeres. La declaración de invalidez con efectos retroactivos, surtirá efectos a partir de la notificación de la sentencia al Congreso de Veracruz, además del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y las autoridades responsables en el estado de la administración e impartición de justicia.
De esa manera, destacó Monreal, en Veracruz, señalado por abusos de autoridad y persecución política, se abre el camino a la justicia para hombres y mujeres que han padecido violaciones a sus derechos humanos.
