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Michoacán denuncia compra-venta irregular de cuartel policiaco

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Se investigan diversas irregularidades cometidas durante la administración estatal de Silvano Aureoles en Michoacán. Foto Jesús Villaseca / Archivo
25 de febrero de 2022 16:35

Morelia, Mich. El gobierno de Michoacán denunció ante instancias penales de la federación irregularidades cometidas en la administración del perredista Silvano Aureoles Conejo, en la compra venta de las instalaciones del cuartel regional de la Policía Michoacán en Lázaro Cárdenas. 

Luego de una revisión detallada se pudo confirmar que el costo real del cuartel fue de 131 millones de pesos, y no de 905 millones de pesos que pagó la administración anterior que con concluyó el pasado 30 de septiembre. 

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que las denuncias se hicieron ante las fiscalías Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción; ante la Unidad de Inteligencia Financiera y la Subprocuraduría Fiscal federal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda. 

Dijo que se pagaron más de 610 millones de pesos por concepto de arrendamiento, posteriormente, se pagaron 294 millones de pesos por su compra en septiembre del 2021, es decir, un costo total de 905 millones de pesos, pagando más por arrendamiento que por su compra. 

 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) llevó a cabo una revisión y descubrió que en realidad tiene un costo de 131 millones de pesos, de esta manera, se reporta un sobrecosto de 774 millones de pesos. 

 Cabe mencionar que hasta ahora se han interpuesto cuatro denuncias penales ante instancias federales por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita (lavado de dinero). 

 Además, se presentaron dos denuncias más ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) contra siete ex servidores públicos por ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado; por respeto al debido proceso, Ramírez Bedolla señaló que no pueden revelarse nombres de los presuntos responsables de estos actos. 

 

 

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