Ciudad de México. Organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron a la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la secretaría de Gobernación a asumir la revisión del caso de la activista Kenia Hernández, detenida en el penal de máxima seguridad de Morelos desde 2020. Encabezadas por la organización Zeferino Ladrillero (que encabeza su defensa) cuestionaron que Hernández ha sido “privada de la libertad bajo hostigamiento judicial, víctima de la violencia institucional y de género”.

En un pronunciamiento,relacionada con la alusión que hiciera el presidente, Andrés Manuel López Obador en su conferencia matutina al caso de Hernández, destacaron su trayectoria, una abogada e indígena amuzga, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero. Fue desplazada de esa entidad “donde recibió amenazas de muerte por grupos criminales por lo que fue incorporada al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2019”.

Las organizaciones sostienen que Hernández fue detenida mediante la prefabricación de supuestos delitos ataques a las vías de comunicación y robo con violencia. Cuestionaron que la representación de caminos y Puentes Federales y el juez a cargo de su caso, han identificado a Hernández como “una mujer peligrosa e insumisa” que necesita de la prisión preventiva para evitar el ejercicio de la protesta social asociada a la libertad de expresión”.