Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de Carlos Antonio Alpízar Salazar, titular de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, titular de la Secretaría Ejecutiva de Administración, quienes presuntamente estaban relacionados con supuestos actos de corrupción, en los que habrían participado integrantes de despachos jurídicos que se relacionan con el ex consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.

La FGR informó al CJF que no hay nada en contra de este alto funcionario y el ex mando del consejo, quienes fueron denunciados ante la FGR de manera anónima, señalando que realizaban actos de extorsión a jueces y magistrados para que supuestamente se dictaran resoluciones benéficas en casos de interés a esta red de corrupción que hoy es investigada por el Ministerio Público federal

A este respecto hace unos minutos a través de un comunicado de prensa el organismo del Poder Judicial de la Federación informó: “En relación con algunas notas publicadas sobre la denuncia en contra de titulares del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), nos permitimos informar sobre la notificación de la Fiscalía General de la República: como resultado de la denuncia anónima enviada a dicha institución, se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los servidores púbicos del CJF”.

El Consejo de la Judicatura Federal dijo que lo anterior se decidió, dado que a partir de la narración de los hechos, no se proporcionaron datos de prueba que permitieran generar líneas de investigación, ni tampoco se desprendían circunstancias específicas de tiempo, modo u ocasión.

Agregó que la FGR notificó que si bien se señalaron diversas personas como posibles imputados, no se indicaron hechos concretos en los cuales basar la investigación, ni se tuvo certeza de quién realizó la denuncia o incluso datos sobre posibles testigos o víctimas que hayan sufrido o presenciado un agravio.

Por ello, la FGR resolvió que no se pudo contar con datos de prueba que ayudaran a la acreditación de los elemento del tipo del delito y, en consecuencia, determinó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. El CJF reafirmó su compromiso con la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad, así como sus esfuerzos por erradicar este tipo de conductas entre las y los servidores públicos que integran el Poder Judicial Federal.