Bogotá. Colombia ordenó el regreso de su embajador en Nicaragua en protesta por las declaraciones del presidente del país centroamericano, Daniel Ortega, quien calificó a la nación sudamericana como un "narcoestado", anunció el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bogotá también instó a la comunidad internacional a intervenir frente a lo que sucede en Nicaragua y dijo que el silencio facilitó la instauración de un "régimen ilegal".
El Gobierno de Colombia no reconoció los resultados de los comicios de Nicaragua en los que Ortega ganó en noviembre un cuarto mandato consecutivo en una elección criticada por organismos de defensa de derechos humanos y algunos miembros de la comunidad internacional que la calificaron como una táctica para perpetuarse en el poder.
"Nuestro Gobierno ordenó en el día de ayer al embajador Alfredo Rangel, presentar una nota de protesta ante la cancillería nicaragüense, rechazando contundentemente esta nueva ofensa al honor de nuestra nación, y le solicitó regresar de inmediato al país", dijo un comunicado de la cancillería.
Colombia aseguró que es víctima del narcotráfico que crece incesantemente por la demanda internacional de drogas, apoyado en las dictaduras que se han ido entronizado en la región.
El mandatario nicaragüense dijo el lunes que Colombia es un "narco Estado, donde se asesina todos los días a líderes sociales y a trabajadores".
La cancillería colombiana aseguró que con sus declaraciones Ortega busca "distraer la atención de la comunidad internacional sobre la crítica situación de derechos humanos y las múltiples violaciones que sufren los ciudadanos nicaragüenses, los partidos políticos y los opositores al régimen".
"El poder en Nicaragua está en manos de un régimen que no cuenta con legitimidad ni reconocimiento de la comunidad internacional, precisamente, por las múltiples violaciones a los derechos y a la libre determinación política del pueblo nicaragüense", precisó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.
Pese a que un fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012 modificó los límites marítimos de los dos países en el Mar Caribe, Managua acusa a Bogotá de desconocerlo y de ignorar la línea de demarcación trazada a favor de Nicaragua, reduciendo la extensión de las aguas pertenecientes a Colombia.
