Morelia, Mich. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) dijo hoy que los arrestos de 24 de sus compañeros, luego de la destrucción del monumento Los Constructores, fue arbitrario y no se siguió el debido proceso judicial

Dijo que después de que las autoridades purépechas acordaron en asamblea destruir las esculturas de personajes de la Colonia que explotaron y maltrataron a los pueblos originarios, el pasado 14 de febrero fueron detenidos por policías municipales, 18 comuneras y comuneros, tres estudiantes y tres menores de edad.

“Se trató de una detención totalmente arbitraria, toda vez que no fue ejecutada en el lugar de los hechos; se violó su derecho de presunción de inocencia al ser fotografiados y expuestos públicamente, además de que los comuneros, las mujeres y los adultos mayores, fueron golpeados, humillados y les robaron celulares”, señaló Pavel Guzmán dirigente del CSIM.

Dijo que la primera responsabilidad del derribo del monumento a “los constructores” es del ayuntamiento de Morelia, al negarse sistemáticamente a escuchar y atender esta petición de las comunidades indígenas, manifestando que la solicitud de reubicación data desde el 23 de septiembre del 2020.

“La determinación de retirar la escultura no fue una decisión individual, de grupo o de partidos políticos, sino que se trató de un consenso comunal que se realizó en Asamblea General de Autoridades Indígenas en la comunidad de Caltzontzin y posteriormente ratificado en la comunidad de Sevina, donde por unanimidad las autoridades tradicionales acordaron su remoción”, apuntó el dirigente purépecha.

Dijo que la escultura a “los constructores” es un bien mostrenco al no formar parte del Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos del Ayuntamiento de Morelia, ni del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Gobierno Federal, por lo que “el Ayuntamiento de Morelia reprimió y criminalizó a los compañeros por retirar la escultura, sin mantener siquiera el dominio legal sobre ella”.