Ciudad de México. A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y a más de tres años de la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación, “sigue sin concretarse la reforma constitucional que garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, afirmó la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA). En un pronunciamiento, exigió al Poder Ejecutivo y al Congreso cumplir este histórico acuerdo.

Recordó que el 16 de febrero de 1996 el Estado mexicano se comprometió a crear un marco jurídico constitucional para garantizar el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público e incluir el ejercicio y la implementación de su derecho a la libre determinación y autonomía y el reconocimiento del derecho sobre sus tierras, territorios, bienes y recursos naturales, sin embargo, afirmó, “tal promesa permanece incumplida”.

La Alianza, que está integrada por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Oxfam México, entre otros, resaltó que la desprotección del marco legal vigente “ha derivado en un sinnúmero de conflictos violentos que han llevado a la cárcel a personas defensoras que luchan por la autonomía indígena, como los casos de los compañeros José Antonio y José Luis, de la comunidad purépecha de Nahuatzen, recientemente puestos en libertad por orden de la SCJN y tras la movilización permanente de su comunidad”.

Indicó que en adición a los agravios cotidianos en contra de los derechos colectivos, se suma la permanencia de políticas y leyes neoliberales de las últimas décadas, como la Reforma Energética, la Ley Nacional de Aguas, el art. 27 constitucional reformado y la Ley Minera, a la cual se añade el reciente Acuerdo del Ejecutivo sobre proyectos del orden federal.

“Todo este entramado legal constituye un atentado hacia la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios y bienes comunes, al justificar, la ocupación de los mismos, por considerar ‘preferentes’, de ‘utilidad pública’ e incluso de ‘seguridad nacional’ varias de estas actividades y proyectos”, expuso.