“Condenamos enérgicamente la escalada represiva que viene de las entrañas del gobierno del capital, que se autonombra 4T, en contra de la resistencia y la lucha por la vida de nuestr@s herman@s de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que, enarbolando la defensa de la vida colectiva, convirtió este semillero de muerte en espacio de encuentro e intercambio, en medio de la determinación de imponer en Morelos, Puebla y Tlaxcala el Proyecto Integral Morelos, que atraviesa un gasoducto por el territorio de los pueblos del volcán, desde donde germina esperanza hecha de rebeldía y formas antiguas y nuevas de organización”, dijeron.

 

Las agrupaciones mencionadas se declararon “en alerta ante la posible persecución de las y los herman@s de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, haciendo responsable al gobierno federal de utilizar a su grupo armado llamado Guardia Nacional para agudizar la guerra del dinero en contra de la vida”.

 

En un comunicado recordaron que la “invasión” del “espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca”, ocurrió el martes 15 de febrero alrededor de las 1:20 horas.

 

Hicieron responsable al gobierno federal “de proteger los negocios de la empresa Bonafont, que despoja, acapara, privatiza y lucra de una forma inmoral con el agua de nuestros pueblos, donde sufrimos el surgimiento de socavones y el desecamiento de pozos, manantiales, ríos y arroyos; tal es el caso del río Metlapanapa, que el Frente de Pueblos de la Región Cholulteca y los Volcanes ha defendido ante la explotación y contaminación en beneficio de los corredores industriales”.

 

Denunciaron “la ofensiva represiva del mal gobierno neoliberal mexicano en contra de nuestras compañeras y compañeros que, desde sus geografías, levantan la bandera de la organización de abajo para convocarnos a luchar por la vida”. De igual forman condenaron “el asesinato del compañero Francisco Vázquez, presidente del consejo de vigilancia de la Asociación de Usurarios del Río Cuautla (Asurco), quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la Termoeléctrica de Huexca, Morelos”.

 

También condenaron “la criminalización del pueblo otomí y del compañero Diego García por parte del titular de esa oscura institución del mal gobierno a la que llaman INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), que ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos, institución que un día tuviera sus oficinas en lo que es hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes”.