Tegucigalpa. Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, incluyendo ametralladoras, mientras el exmandatario dijo que colaboraría con la justicia para responder a las acusaciones en un proceso que puede durar meses.

Hernández entregó el poder a fines de enero a la izquierdista Xiomara Castro y fue incluido en una Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos elaborada por Washington el año pasado que fue desclasificada la semana pasada.

Según un documento de la embajada estadounidense en Honduras al que Reuters tuvo acceso, al exmandatario se le acusa de conspirar para fabricar y exportar drogas al país norteamericano y de usar o portar armas de fuego, o instigar a que grupos criminales las utilicen.

El documento detalla que Hernández "ha sido localizado en Honduras" y está sujeto a una acusación emitida el 27 de enero por un tribunal de distrito de Nueva York.

Las imputaciones al gobernante están basadas, en su mayoría, en declaraciones de narcotraficantes juzgados en la nación norteamericana. Hernández las ha negado en el pasado y el martes temprano dijo estar dispuesto a responder ante la ley.

"La policía nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje de que estoy presto y listo para colaborar (...) para poder enfrentar esta situación", afirmó el exmandatario en un mensaje de audio transmitido a través de su cuenta de Twitter.

Hernández, de 53 años de edad, fue señalado por narcotraficantes de haber recibido sobornos antes de llegar al poder a cambio de contratos gubernamentales y protección contra posibles capturas y extradiciones a Estados Unidos.

"No es un momento fácil, a nadie se lo deseo", agregó el exgobernante quien, según sus abogados, se encuentra en su residencia de la capital que, desde la noche del lunes, se encuentra rodeada por la policía.

La Corte Suprema de Justicia hondureña nombró en una sesión extraordinaria a un juez de Extradición de Primera Instancia que seguirá el proceso, informó Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Los medios locales lo identificaron con el nombre de Edwin Ortez. El juez ordenó la captura del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. 

En un comunicado, la defensa de Hernández explicó que el proceso de extradición puede durar meses ya que, una vez notificado el imputado, debe pasar un mes hasta la audiencia de presentación de pruebas y la resolución judicial puede tardar de 2 a 3 meses más y puede ser, además, apelada después.

En Washington, una persona familiarizada con el asunto dijo que el gobierno de Estados Unidos esperaba que proporcionar detalles extensos sobre los cargos pudiera persuadir a la nueva administración hondureña para que actuara rápidamente, pero aún espera que los procedimientos de la Corte Suprema se prolonguen debido a la sensibilidad política del caso.

Desde la noche del lunes, docenas de policías fuertemente armados rodeaban la casa del exgobernante, cuyo hermano fue condenado el año pasado a 30 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Horas después de ceder el poder a Castro en enero, Hernández asumió como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que podría otorgarle inmunidad mientras siga en el nuevo cargo, según expertos.

Sin embargo, una fuente de la cancillería hondureña detalló a Reuters que la protección del Parlacen es la misma que tienen los diputados nacionales de cada país y que, en el caso de Honduras, los congresistas sólo gozan de ella para actos en ejercicio de su actividad legislativa.

Durante su mandato, Hernández cultivó vínculos estrechos con Washington y, en particular, logró el apoyo del expresidente, Donald Trump, usando las fuerzas de seguridad hondureñas para ayudar al republicano a reducir el flujo migratorio desde Centroamérica hacia el norte.