Ciudad de México. Unos 200 trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron despedidos, presuntamente por “falta de confianza y reestructuración de personal”, siendo notificados de su “baja” al llegar a sus centros de trabajo.

Algunos denunciantes de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, que se manifestaron frente a Palacio Nacional, señalaron que su despido está relacionado con la protesta que realizaron el pasado viernes, por diversas irregularidades laborales.

Comentaron entre ellas, cambios constantes de funciones y sedes, y periodos vacacionales reducidos; así como la dotación de los insumos requeridos para el desempeño de sus funciones, siendo la respuesta de la autoridad, el cambio de adscripción y horarios.

Dicha situación generó malestar entre el personal, por lo que este fin de semana “inició una cacería de brujas, donde se notificó a las coordinaciones territoriales de las Alcaldías, que ya no somos personal de confianza, solicitando el abandono de las instalaciones”.

Señalaron que, a algunos orientadores jurídicos, encargados de canalizar a las personas a las diferentes áreas de la institución, les cambiaron funciones y fueron adscritos a la Unidad de Gestión Administrativa, donde capturaban carpetas de investigación.

Las notificadoras enviadas les daban a conocer que la “pérdida de confianza” les llevaba a prescindir de sus servicios, por lo que debían firmar la cédula de notificación que les presentaba y entregar, “a partir de ya” sus bienes institucionales, a lo cual se negaron.

La FGJCDMX informó, a través de una tarjeta informativa, que la separación del cargo de orientadores jurídicos se da en el ámbito de la transformación de la institución y de la primera atención, la cual busca que sea “con base en otro tipo de servidores públicos, que representen mejor este cambio”.

Jurídicamente, quienes dejaron de laborar este fin de semana, eran personal de confianza, es decir, no eran sustantivo ni de base y su proceso de separación se apegó en todo momento a la legalidad, precisó.

La dependencia, dijo, respeta la libertad de expresión y su derecho a manifestarse; pero con este cambio se “abre la posibilidad a que personal con mayor sensibilidad y humanismo sea integrado a cada una de las Unidades de Atención Temprana para atender a la ciudadanía”.

Mencionó que, dicho cambio impulsa un servicio de atención especializado, a través de servidores públicos con perfiles óptimos para desempeñar el puesto y puntualizó que no se ha dejado de prestar ningún servicio.