Ciudad de México. Pese a haber elementos suficientes para que se inicie una indagatoria al respecto, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se ha negado a integrar carpetas de investigación en al menos cinco casos de homicidio, tortura y violación sexual presuntamente cometidos por elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN).

Así lo denunció el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos, quien señaló que dicha inactividad hace pensar que el organismo autónomo podría estar “encubriendo” a los uniformados, por lo que pidió a las autoridades de la FGR que hagan una auditoría en la oficina local de dicha ciudad fronteriza.

En entrevista con La Jornada, el abogado explicó que el organismo civil ha documentado cinco episodios de abusos graves ocurridos en 2021 en Nuevo Laredo, entre los que se cuentan un caso de violación sexual, uno de ejecución extrajudicial y tres más de tortura, tratos crueles y detención arbitraria, cometidos por elementos de las instituciones mencionadas.

Aunque existen elementos de prueba para suponer que los soldados o integrantes de la GN serían responsables de dichas agresiones, “los Ministerios Públicos no quieren hacer su trabajo, no quieren investigar ni judicializar los casos. Se han vuelto muy protectores de las Fuerzas Armadas”.

En uno de los casos, ejemplificó el activista, hay tres testigos sobrevivientes que presenciaron la ejecución extrajudicial de uno de sus amigos luego de que elementos del Ejército dispararan contra su vehículo.

Una serie de estudios comprobó que ninguna de las víctimas había abierto fuego y que todos los disparos ocurridos el día de los hechos fueron realizados por los soldados en contra de la camioneta de los civiles y ninguno en sentido contrario, pero dichos elementos no fueron suficientes para que se abriera una investigación al respecto, dijo Ramos.

“Legalmente nunca encuentran elementos para configurar un delito, ninguna prueba es suficiente para ellos, y por otro lado, etiquetan a todas las víctimas como supuestos integrantes del crimen organizado. Así me lo han dicho verbalmente a mí: que todos son delincuentes”, destacó.

Tras lamentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha intervenido en los casos de manera efectiva, Ramos exigió que la FGR haga una auditoría en su oficina local de Nuevo Laredo, pues con su inactividad “está garantizándole impunidad a las Fuerzas Armadas en Tamaulipas”.