Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA, condenó este viernes la "falta de garantías" en los juicios a opositores en Nicaragua, y urgió al gobierno de Daniel Ortega a liberar a todos los detenidos desde las protestas de 2018.

"El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales", dijo la CIDH en un comunicado.

La Comisión, que es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denunció manipulación de pruebas, acusaciones basadas en testimonios de funcionarios públicos, obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio, y negativa de la autoridad judicial para tramitar peticiones y recursos, entre otras anomalías.

También señaló hostigamiento, acoso policial y despojo de pertenencias a representantes legales, incluidas revisiones con tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares.

"Resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos (...) que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas", indicó la CIDH.

Desde la reanudación el primero de febrero de los juicios a opositores presos, suspendidos arbitrariamente en septiembre, siete recibieron hasta ahora condenas de hasta 13 años por "menoscabar" la integridad nacional, dijo el jueves el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Todos integran el grupo de 46 opositores, entre ellos siete ex aspirantes presidenciales, la mayoría detenidos meses antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Ortega, líder de la ex guerrilla izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), logró su cuarto mandato consecutivo.

En el poder desde 2007, Ortega califica a los opositores de "criminales" y "delincuentes" que pretendían un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos.

A esos 46 detenidos se suman otros 124 opositores encarcelados en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.

La CIDH reiteró el llamado a liberar "inmediatamente" a todos los opositores presos, denunciando una vez más "las deplorables condiciones de detención y el grave deterioro de la salud" de algunos de ellos.