Tula de Allende. Pobladores afectados por las inundaciones del pasado mes de septiembre, quemaron 10 colchones que les entregó como apoyo el presidente municipal perredista, Manuel Hernández Badillo, porque el relleno estaba podrido e infestado de garrapatas, gusanos y chinches.

En el centro de la colonia El Dengui, de la localidad de Cruz Azul, en este municipio, los vecinos retiraron el forro de una decena de los 80 colchones obsequiados por el alcalde a las familias damnificadas, y mostraron que eran usados, además de que estaban podridos, tenían manchas de orina y materia fecal.

Explicaron a la prensa que se dio cita en la protesta, que después de las inundaciones, Badillo envió esos artículos, supuestamente nuevos, pero luego de unos días notaron que emitían olores nauseabundos por lo que al abrir y revisar algunos, notaron que se trataba de colchones viejos, y en condiciones insalubres.

"Al parecer eran de los mismos que se echaron a perder en la inundación y que alguien juntó para reciclarlos, poniéndoles tela nueva por encima o de plano, los recogieron del basurero", dijo uno de los vecinos.

No obstante, algunas familias que perdieron todas sus pertenencias en la inundación no los han desechado”, y los siguen usando porque no tienen dinero para comprar ni una colchoneta", dijo María, otra de las vecinas.

Exigieron tanto a los diputados de la actual legislatura como a los integrantes del Cabildo iniciar una investigación ya que los colchones supuestamente fueron comprados con recursos públicos.

Sobre los señalamientos, el presidente municipal Manuel Hernández Badillo no ha hecho ningún pronunciamiento.

Mientras, en la página oficial del gobierno de Tula, sin hacer referencia al asunto de los colchones, se informó que "la Presidencia Municipal saluda el reclamo de trasparencia y manejo eficiente y honesto que demandan organizaciones civiles. Coincide plenamente con esas demandas por ser derecho de la sociedad y obligación de todo gobierno".

"Por estar el estado y el país inmersos en un proceso electoral, existe una veda electoral que le impide referirse a temas que vayan más allá de la salud, educación y protección civil”, comentó.

"Por este motivo, cualquier demanda de información se atenderá en apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público respetando, como es su obligación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", añadió el comunicado en Facebook.