Ciudad de México. Enmedio de recriminaciones mutuas entre consejeros y la representación de Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la modificación de los lineamientos para la revocación de mandato mediante los cuales se proyecta reducir a 57 mil 377 las casillas para recibir el voto.

El número de posiciones para la votación es cerca de un tercio de las 160 mil que se instalaron el año pasado en la consulta popular.

Durante un largo debate, el número de casillas fue eje de la discusión, pues los consejeros reconocieron que no era lo ideal, pero era un asunto de suficiencia presupuestal, en tanto que Morena cuestionó la decisión por poner en riesgo la participación.

“No es lo óptimo, y el INE hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el proceso de revocación de mandato se llevara a cabo con todas las casillas, porque es como se tiene que hacer por la falta de recursos", sostuvo el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Es un nefasto precedente pero queda claro quién es el responsable que arrinconó a esta institución. Es la salida menos peor posible, porque no se apega la ley, los responsables son la mayoría de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda” que no entregaron los recursos suficientes, añadió.

En respuesta, los representantes de Morena, Mario Llergo y César Hernández acusaron al INE de adoptar una sistemática actitud para boicotear la revocación de mandato, condenando la pretensión de reducir la instalación de casillas mientras se preserva, dijeron, “los privilegios de la burocracia dorada del Instituto”.

Por ello, alertaron que esta decisión va directamente en contra de la participación ciudadana, por lo que convocaron al INE a reconsiderar la decisión y hacer un mayor esfuerzo presupuestal para ampliar el número de casillas.

Entre tanto, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano cuestionaron las determinaciones de la Secretaría de Hacienda, la campaña de descalificación gubernamental contra el INE y la pretensión, según aseguraron, de reducir la autonomía del órgano electoral.

De igual forma, consideraron inútil la realización de este ejercicio, dijo el priísta, José Carlos Ramírez Marín, porque nadie en el país está solicitando que el presidente abandone el cargo.

Larga sesión

Esta fue la primera fase de lo que se prevé una larga sesión en la que se lanzará la convocatoria para la revocación de mandato.

El INE tenía que modificar los lineamientos del ejercicio para adecuarlos a los recursos con los que cuenta y a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, entre otras cosas, prohibió la participación de los partidos en la promoción de la consulta.

Córdova sostuvo que esta decisión se da después de un largo litigio relacionado con el presupuesto y en esta ocasión arremetió contra las decisiones gubernamentales.

“Es decir, por un lado, se aprueban leyes que maximizan los derechos ciudadanos, pero, por el otro, se confeccionan presupuestos que minimizan las capacidades institucionales”. Y más adelante agregó: “En el colmo del absurdo, al mismo tiempo se ha desplegado una campaña desde circuitos gubernamentales para acusar a las consejeras y consejeros del INE de pretender obstaculizar la revocación de mandato, llegando al extremo, incluso, desde la Presidencia de una de las dos cámaras, de pretender encarcelar a siete integrantes de este Consejo”.

La respuesta de Morena vino en primera instancia con el diputado Hernández: “el acuerdo que hoy se nos presenta mediante el cual este Instituto pretender aprobar diversas modificaciones a los lineamientos emitidos para la organización de la revocación de mandato, bajo el argumento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les otorgó el capricho de ampliarles el recurso para poder llevar a cabo tal proceso, resulta ser una muestra evidente de la falta de voluntad de este órgano autónomo para aplicar a favor del proceso de revocación de mandato y en beneficio de la ciudadanía”.

Sin embargo, entre los consejeros cerraron filas en torno al acuerdo, incluso quienes en su momento plantearon que el INE debería haber mayor esfuerzo por reducir costos, como Martin Faz quien lamentó que se haya colocado en una situación grave e inédita ante la sistemática negativa de ampliar recursos al INE para financiar el ejercicios

Fachada del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo

Por su parte, la consejera Dania Ravel afirmó que la respuesta de Hacienda pone en riesgo la realización del ejercicio de Revocación de Mandato en los términos que establece la legislación, ya que por la insuficiencia presupuestal que enfrenta este instituto, se encuentra ante una imposibilidad material y financiera para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior.

Mas adelante, el representante de Morena, Mario Llergo cuestionó las cifras oficiales acusando al Instituto de mantener un doble discurso, en la difusión de cifras pues por un lado había un acuerdo donde se hablaba de que los esfuerzos del INE implican contar con 2 mil millones de pesos y, ahora se habla de sólo mil 500 millones de pesos. “Se le perdieron 500 millones de pesos al INE”. Criticó que el costo por casilla de la pasada Consulta Popular haya sido de 9 mil pesos y que ahora no alcance para mayor número de casillas, incluso si se elevará a 13 mil pesos, lo que implicaría instalar más de cien mil casillas.

Ante las cifras del morenista, debió intervenir el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina para esclarecer las “imprecisiones” de Llergo. Explicó que la disponibilidad de recursos era de poco más de mil 500 millones de pesos, pero que la adecuación organizativa del ejercicio, en una primera instancia, permitió reducir el costo del mismo en 500 millones de pesos, es decir, no es que se tuviera ese dinero, sino que se redujo la estimación original de gasto en esos 500 millones de pesos.

Su intervención le valió una andanada de descalificaciones de los consejeros que lo acusaron de “mentir deliberadamente”. Incluso el consejero José Roberto Ruiz Saldaña al elevar el tono del debate al tratar de comparar el costo de la Consulta Popular y la Revocación de Mandato, explicando que en el primer caso, solamente se visitó a los funcionarios de casillas que habían participado en la elección y ahora se deberá volver a visitar a 12 millones de ciudadanos.

Ruiz Saldaña ironizó con Llergo señalando que no son nuevos en esto de los procesos electorales por lo que pidió “no se quiera venir aquí con mucho cinismo a llamarse a sorpresa” comparando ejercicios que no son comparables. Calificó de poco seria la postura de Morena en el manejo de las cifras.

Ante la respuesta, Llergo y Hernández insistieron que en los esfuerzos de ahorro, el INE pretende mantener intactos los privilegios de la burocracia dorada. Hernández llamó a los consejeros a reconsiderar nuevamente el número de casillas

Más adelante, Ravel retomó la demanda penal presentada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna quien pretendió dirimir diferencias de interpraciones jurídicas, cuyos cauces democráticos obligan a hacerlo a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para conducirlo por la vía penal. Ravel consideró desproporcionada la agresión contra la institución al pretender encauzar penalmente a sus miembros por adoptar decisiones a partir de consideraciones jurídicas.

Ahora el INE se dispone a discutir y aprobar los términos de la convocatoria a la Revocación de Mandato.