Ciudad de México. Las resoluciones en el Poder Judicial relacionados con la revocación del mandato generan las condiciones para su realización en las condiciones que le permitan los recursos con que ahora cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE), es decir, con los poco más de 2 mil millones de pesos, aunque esto implique no apegarse plenamente a las disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, en particular sobre la instalación de casillas, sostuvo el consejero Uuc Kib Espadas.

Señaló que este ejercicio se va a realizar con todas las garantías del Instituto, aunque por las restricciones financieras no en los términos óptimos, pues se tendrán que suspender algunas cuestiones como el uso de papel seguridad o muy probablemente la reducción sustancial de casillas, aunque eso se determinará este viernes, cuando se apruebe la convocatoria para la Revocación de Mandato.

En entrevista consideró que si bien en la actualidad, a pesar de los sobresaltos que se han generado en torno a este ejercicio, el entorno político en que se va a realizar es de relativa calma en el país, pero aseveró que sería grave que se repitan estas diferencias y tensiones en torno a la organización de una revocación mandato en un contexto diferente donde hubiera una mayor confrontación entre partidos políticos, por lo que no puede repetirse esta experiencia.

Espadas celebró las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto despresuriza las condiciones en que el INE está organizando la Revocación. Señaló que este viernes, con la emisión de la convocatoria formal se determinarán las condiciones que se efectuará a partir de los recursos con los que cuenta el instituto, con la negativa de entregar mayores recursos que determinó la Secretaría de Hacienda.

“Nos quita un enorme problema de enfrente, teníamos que estar trabajando prácticamente en dos pistas organizativas, en torno a los recursos que se podrían obtener y adecuarlo a las condiciones legales que establece la ley. Con la resolución tenemos un camino cierto con el dinero que tenemos y se va a realizar a partir del mandato de la Corte. En términos de confianza se va a concretar y esto tendrá la validez legal”.

Si bien reconoció que la decisión exonera a los consejeros de cualquier responsabilidad penal o administrativa por no poder realizar la revocación en los términos de la ley, consideró que en el caso de la denuncia promovida desde la Cámara de Diputados, ante la Fiscalía General de la República se mantiene vigente hasta que ésta última la deseche, pues se denunciaron presuntos delitos que deberán, en su caso, investigarse.