Ciudad de México. Veinticinco activistas, académicos, familiares de víctimas de asesinato y desaparecidos y organizaciones mexicanas se sumaron en apoyo a las acciones legales de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos en calidad de “amigos de la corte” en la demanda civil presentada en un tribunal federal de Massachusetts contra los armeros.

Al igual que ya lo hicieron seis de las principales organizaciones estadunidenses de prevención de violencia de armas de fuego, este grupo de organizaciones y particulares mexicanos se sumaron al caso en favor de la demanda interpuesta por México en calidad de “amigos de la corte” bajo la figura amicus curiae: una forma aceptada para que otros que no son parte de la disputa ante el tribunal puedan presentar sus consejos y opiniones en el interés público.

Entre las organizaciones y personas que se sumaron al apoyo de la demanda de México contra los armeros estadunidenses figuran desde Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., numerosos estudiosos del impacto que ha tenido el tráfico de armas en la violencia de los cárteles mexicanos hasta familiares de víctimas convertidos en activistas.

En el caso civil, los Estados Unidos Mexicanos son la parte acusadora contra las empresas Smith & Wesson INC, Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Glock. Inc., Sturm Ruger & Co., Witmer Public Safety Group Inc, D/B/A/ Interstate Arms, Century International Arms Inc y Colt’s Manufacturing Co.

El grupo justifica su apoyo a la demanda de México contra los fabricantes de armas al citar la forma en que el tráfico ilegal de sus productos ha diezmado las vidas y la economía de nuestro país.

El documento señala que el uso de pertrechos adquiridos de manera ilegal por grupos criminales ha generado pérdidas incalculables en cuanto a vidas humanas, propiedades y en general el tejido de la sociedad, y desencadenado violencia y homicidios que han costado miles de vidas, además de decenas de miles de desaparecidos. Están también los miles de millones de dólares que el gobierno mexicano ha tenido que destinar a los presupuestos de la policía y el ejército, a costa de pérdidas en el empleo y la recaudación fiscal.

Esto ocurre, señalan, a pesar de que México tiene una de las leyes de tenencia de armas más estrictas del mundo, por lo que muy pocas personas en nuestro país pueden adquirir armas legalmente, además de que el permiso para adquirir de armas se restringe a aquellas que son calibre no mayor al 38.

“Estados Unidos es la principal fuente de armas en México, y la violencia que se produce en consecuencia. Aproximadamente 70 por ciento de las armas que se recuperan de diversos crímenes provienen de Estados Unidos y se estima que hasta 253 mil pertrechos se trafican de Estados Unidos a México anualmente”.

El documento narra investigaciones, en muchas de las cuales los firmantes han participado y aporta numerosas cifras.

“En los últimos 20 años los homicidios por arma de fuego se incrementaron en 570 por ciento, y sólo en la primera mitad de 2020, 72 por ciento de un total de 17 mil homicidios se cometieron con pistolas. Estas cifra sólo aumentan a medida en que crece el acceso a las armas en México. Adicionalmente, el crimen organizado, que es el que más probabilidades tiene de obtener armas es responsable, desde 2006, de 150 mil asesinatos en México”.

La declaración de los académicos, organizaciones y activistas agregó que los rifles de asalto de fabricación estadunidense son “el arma por excelencia” de los cárteles del narcotráfico en nuestro país,, pues se les puede modificar fácilmente para que funcionen como “rifles automáticos”. El disparo es más preciso que con un arma corta a distancias más largas y se les pueden adaptar magazines de alta capacidad de munición, lo que los vuelve armas de capacidad y velocidad mucho más letales.

Entre quienes apoyan la demanda de México figuran Adrián LeBarón, cuyos familiares,entre ellos niños, fueron asesinados en noviembre de 2019;Cecilia Farfán Méndez, jefa de Programas de Investigación de Seguridad del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de California, y Carlos A. Pérez Ricart, miembro de la comisión de la verdad a cargo de violaciones a los derechos humanos en México entre 1965 y 1990.

La nota sobre el apoyo de organizaciones estadunidenses a la demanda de México contra los fabricantes de armas puede consultarse en https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/01/politica/suma-mexico-apoyos-en-eu-en-demanda-contra-fabricantes-de-armas/