Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, sacó adelante en el Congreso de los Diputados una de sus iniciativas más importantes de la legislatura: la reforma laboral, que nació del consenso alcanzado entre las agrupaciones empresariales y los sindicatos. A pesar de que se trata de una modificación de mínimos a la anterior legislación, aprobada por el derechista Partido Popular (PP) en el 2012, la aprobación se logró por 175 a favor y 174 en contra, y gracias al error en la votación de un diputado del PP.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio de gobierno, Unidas Podemos (UP), asumieron el poder con varios compromisos centrales, entre los que ocupaba un lugar destacada lo que llamaron la medida más urgente y necesaria: “la derogación de la reforma laboral del PP”. De hecho, para sacar adelante la investidura y la aprobación de los presupuestos se comprometieron en derogar la ley y lo hicieron por escrito y con una rúbrica de un documento oficial del Congreso ante sus habituales socios parlamentarios, los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la izquierda vasca de EH-Bildu.
Pero finalmente ese compromiso nunca lo cumplieron. Entre otros motivos por las exigencias de la Comisión Europea y las instituciones comunitarias, que exigieron a cambio de los millonarios fondos de rescate para paliar la crisis derivada de la pandemia del covid-19 una serie de reformas estructurales, entre otras la de una nueva reforma laboral que contara con el consenso de empresarios y sindicatos. En dicho acuerdo, que se alcanzó bajo el amparo de la actual líder de UP, la vicepresidenta Yolanda Díaz, no se tocaron puntos esenciales de la anterior legislación, sobre todo en lo relativo al costo de despido ni se reforzaron las garantías del trabajador ante una situación de crisis o de conflicto laboral.
La reforma, de mínimos y muy lejos de la “derogación” que prometieron los partidos de izquierda, sí aumentó el poder de los sindicatos en la negociación colectiva, pero al mismo tiempo garantizó a las agrupaciones empresariales el respeto a los puntos más polémicos de la reforma aprobada por el PP en el 2012, sobre todo en lo relacionado con el costo del despido. Además la reforma aspira a fomentar, con medidas concretas, la contratación indefinida, en lugar de los empleos de carácter temporal o efímeros, además de fomentar la competitividad y regular la llamada “ultraactividad”, que sobre todo afecta al sector metalúrgico.
Las propias agrupaciones empresariales, que se resistieron al proyecto de “derogación” que anunció el gobierno al asumir el poder, en el 2019, celebró la aprobación de la nueva reforma en un comunicado conjunto, en el que advirtieron que “el acuerdo consolida el modelo laboral actual, que ha permitido incrementar la productividad de las empresas, asegurar su competitividad y contribuir al crecimiento del empleo”.
Polémica en la votación
El gobierno logró sacar adelante la reforma gracias a un supuesto error de un diputado del PP, Alberto Casero, que votó por vía telemática al encontrarse en casa confinado y que, según él, hubo un error en la lectura de su voto y le contó un “sí” en lugar del “no” que supuestamente realizó. En cualquier caso, la aprobación se alcanzó con una mayoría poco habitual en los últimos años, ya que los socios parlamentarios habituales del gobierno, sobre todo ERC, EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) votaron en contra y tildaron de “estafa” y “mero retoque” la modificación. Mientras que quienes lograron, con su apoyo, sacar adelante la votación fueron, además de los diputados del PSOE y de UP, los parlamentarios del derechista Ciudadanos y de otros grupos pequeños, como Más País, Compromís, la derecha nacionalista catalana de Junts per Catalunya (JxCat), Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria.
