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Sapal indemnizará a familiares de fallecidos en planta de tratamiento

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Jorge Ramírez, presidente Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Foto La Jornada
03 de febrero de 2022 18:44

León. Guanajuato. Ante el pleno del Ayuntamiento, el presidente del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, afirmó que concretó un acuerdo con las familias de los cinco trabajadores que murieron intoxicados en la planta de tratamiento y que solo faltaba pagar la indemnización, pero fue desmentido por el abogado de las víctimas.

En la presentación del informe anual del Consejo Directivo de SAPAL, ante el Ayuntamiento, se desató un fuerte debate entre los regidores de Morena y los ediles del Partido Acción Nacional (PAN), quienes se convirtieron en “feroces” defensores de Jorge Ramírez.

En el marco de la presentación de “cifras alegres” y “logros”, el presidente del SAPAL aseguró que después del accidente en la planta de tratamiento se acercó y habló con las familias de los trabajadores fallecidos.

“El dolor era mucho, las familias no estaban conformes con esto -el dinero que les ofrecieron-, veníamos de unos litigios legales donde ellos no compartían, lo que nos permitía la legalidad en su momento”, relató ante los integrantes del cabildo.

Reconoció que por la intervención de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, fue que acudieron al Centro Estatal de Justicia Alternativa para negociar las indemnizaciones. El presidente no comentó que SAPAL pagó millones de pesos en abogados que litigaran las demandas civiles y administrativas de las familias.

“Llegamos a un acuerdo, quiero decirles que ya está resuelto, estamos ya firmados en Justicia Alternativa y lo que nos hace falta, son los acuerdos finales y liquidar a los trabajadores. Lamentamos mucho lo que sucedió, pero León por eso tiene futuro, León por eso puede contar, de esta planta de tratamiento con un metro cúbico de agua adicional por segundo”, expuso ante el cuerpo colegiado.

El abogado de las familias, Gustavo Lozano Guerrero, desmintió -en entrevista- a Jorge Ramírez al afirmar que aún no se han firmado los acuerdos y que el funcionario no ha estado presente en las negociaciones.

“Nos parece una declaración desafortunada de Jorge Ramírez porque él no ha estado en las negociaciones y por lo que declara no está completamente informado”, señaló.

Hay avances en las negociaciones, pero “no se ha firmado ningún acuerdo final entre SAPAL y las familias”, desmintió Gustavo Lozano a Jorge Ramírez.

El 10 de febrero será la próxima reunión donde se espera sean firmados los acuerdos definitivos, anunció.

En la sesión de Ayuntamiento se desató un fuerte debate entre los regidores de Morena que criticaron la indolencia de Jorge Ramírez y los ediles del PAN que alabaron el trabajo del ex líder de la Coparmex.

La regidora de Morena, Gabriela Echeverría González, acusó a Jorge Ramírez de corrupto y le exigió que renunciara a la presidencia de SAPAL por la indolencia e insensibilidad que mostró con las familias de trabajadores fallecidos el 13 de noviembre del 2020.

Recordó que el presidente de SAPAL asignó un contrato millonario a su cuñado Enrique Aranda Flores. El organismo operador pagó 47 millones de pesos a la empresa Construcción y Servicios del Bajío – propiedad de Enrique Aranda- para rehabilitar el colector sanitario El Muerto.

El señalamiento provocó la furia del síndico del PAN, empresario y ex priísta, Arturo Sánchez Castellanos, quien calificó a la regidora morenista de “cínica” e “ignorante”. Afirmó que cuando se asignó el contrato, Jorge Ramírez todavía no era presidente de SAPAL -pero el empresario ya tenía dos meses en el cargo-.

“En el caso del accidente hace juicios como si los señores tuvieran la culpa, nadie tiene la culpa de un accidente, no hay una sola autoridad que haya dicho que eso fue por negligencia”, afirmó el también ex líder del Consejo Coordinador Empresarial. Al finalizar su intervención fue aplaudido por los integrantes del Consejo de SAPAL.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) comprobó que SAPAL violó los derechos laborales de los trabajadores al mandarlos a la planta sin equipo, capacitación, ni con el perfil para manejar el Módulo de Desbaste de la planta.

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