Nueva York. Al avanzar las investigaciones sobre las acciones de Donald Trump y sus aliados en una intentona golpista, se revelaron un par de órdenes ejecutivas redactadas por los asesores del entonces presidente saliente para ordenar a fuerzas federales -incluso militares- incautar máquinas electorales de conteo de voto como parte del plan de revertir y anular la elección presidencial de 2020, mientras que Trump solicitó hoy que se investigara a su ex vicepresidente por no cumplir órdenes para frenar el proceso electoral.

El borrador de una de las órdenes ejecutivas (ninguna fue firmada por el presidente), que primero fue revelada por Poltiico hace poco más de una semana, fue redactada a mediados de diciembre de 2020 y dirige al secretario de Defensa a “incautar, coleccionar, retener y analizar toda máquina, equipo, información electrónica y documentos materiales” para después, en un plazo de 60 días, evaluar los resultados de la elección. Bajo esa propuesta, Trump se mantendría en el poder hasta por lo menos mediados de febrero de 2021 -la transición presidencial fue el 20 de enero.

No hay precedente de fuerzas federales incautando maquinaria electoral, y algunos analistas afirman que esto sería nada menos que un golpe de Estado.

Esa orden también hubiera nombrado a una fiscal especial para examinar los resultados electorales y proceder penalmente contra quienes se acusaba de llevar a cabo el supuesto fraude electoral, que Trump insiste hasta hoy día le robó la elección.

También se encontró un borrador de un discurso que aparentemente fue redactado el mismo día del asalto al Capitolio titulado “Comentarios para Sanar a la Nación”, donde Trump hubiera condenado a quienes invadieron al Capitolio, afirmando que los “delincuentes” serían sometidos a la justicia y que los que cometieron actos de violencia “no me representan”.

Eso fue muy diferente al mensaje que emitió vía video después de rehusar comentar durante horas el día del asalto, cuando les dijo a quienes estaban tomando por asalto al Capitolio: “tenemos que tener paz, entonces regresen a casa. Los queremos. Ustedes son muy especiales… sé cómo se sienten”.

Solo fue hasta el día siguiente que, ante una ola de críticas y especulación sobre si sería destituido por su gabinete, que Trump optó por un mensaje más parecido al del borrador para condenar la violencia.

Estos borradores, entre otros documentos, están en manos del Comité Selecto de la cámara baja que investiga el asalto al Capitolio, y que sigue entrevistando a ex funcionarios, asesores y estrategas del gobierno de Trump -algunos han rehusado cooperar como Steve Bannon y Rudy Giuliani- y recaudando documentos relevantes.

Ahora se descubrió que había una segunda versión de la orden ejecutiva, ésta dirigida al Departamento de Seguridad Interna con instrucciones similares, reportó CNN. Más aún, Trump estaba personal y directamente participando en los planes para incautar las máquinas de conteo, reportó el New York Times citando múltiples fuentes.

Se sabe que alrededor de las fechas en que se elaboraron estos borradores había un debate intenso en la Casa Blanca con asesores como el ex general Michael Flynn y la abogada del presidente Sidney Powell, promoviendo la idea de estas órdenes ejecutivas, como también contemplar declarar ley marcial, mientras otros asesores, alarmados, argumentaron en contra.

Estos documentos forman parte de cientos de documentos más que han sido entregados al Comité Selecto después de que la Suprema Corte rechazó la solicitud de Trump de que los Archivos Nacionales -donde se deposita toda la documentación federal incluyendo la del poder ejecutivo- negaran entregar los materiales bajo el llamado “privilegio ejecutivo”. Los aproximadamente 700 documentos de la Casa Blanca incluyen comentarios, discursos, apuntes y diarios entre otras cosas que bajo la ley son propiedad de la nación.

Algunos de estos documentos, se reveló hoy, fueron literalmente pegados de nuevo con cinta luego de que Trump los había hecho trizas en sus propias manos. Destruir documentos presidenciales podría ser considerado un delito, ya que no son, bajo la ley, propiedad del presidente, sino de la nación. El comité aún está en espera de miles de páginas más.

Mientras tanto, Trump declaró este martes que pensaba que su ex vicepresidente Mike Pence debería de ser un enfoque de la investigación del Comité Selecto ya que “no retornó los votos para su recertificación o aprobación” ese 6 de enero en la sesión conjunta del Congreso, llevada a cabo en el Capitolio y presidida por el vicepresidente, donde se certificaron los resultados de la elección nacional. Pence declaró ese dia que no tenía el derecho constitucional para rechazar el voto final del Colegio Electoral, algo que su ex jefe jamás le ha perdonado.

Ese 6 de enero de 2021, algunos de quienes atacaron el Capitolio instigados por Trump- interrumpiendo durante varias horas esa sesión conjunta para certificar el voto del Colegio Electoral, colocaron una horca en las afueras del edificio llamando a la ejecución de Pence. El vicepresidente e integrantes de su familia fueron escoltados a sitios seguros por el Servicio Secreto y la policía del Capitolio, junto con cientos de legisladores, para protegerlos de los invasores.

Por otro lado, ese mismo 6 de enero, resulta que la entonces vicepresidenta electa, Kamala Harris, estaba a solo unos cuantos metros de una bomba casera colocada en las afueras del edificio del Comité Nacional Democrático -la sede nacional del Partido Demócrata- donde permaneció un par de horas antes de que se descubrió el artefacto, reportó CNN el lunes. Se había reportado previamente sobre la visita de Harris al edificio y la bomba, pero no de los detalles sobre qué tan peligroso era ese día para la ahora vicepresidenta. No se han encontrado a los responsables.