Nueva York. El general retirado venezolano Cliver Alcalá declaró que funcionarios del más alto nivel e instituciones federales estadunidenses, incluida la CIA (Agencia Central de Inteligencia), sabían de sus esfuerzos para derrocar al presidente Nicolás Maduro, e indicó que su papel era desacreditar al mandatario y afirmar que colaboró con él para inundar de cocaína a Estados Unidos.

La declaración se incluye en un documento presentado la noche del viernes ante la Corte por los abogados de Alcalá, quienes buscan desestimar las acusaciones de narcoterrorismo que pesan sobre su cliente desde hace casi dos años fincadas por la Fiscalía Federal de Manhattan.

Los esfuerzos para derrocar al régimen de Maduro han sido bastante conocidos por el gobierno de Estados Unidos, destacó el grupo de letrados en una carta con fecha de noviembre de 2021 y dirigida a los fiscales que acompañaba su moción. Su oposición al régimen y sus presuntos esfuerzos para derrocarlo fueron informados a los más altos niveles de la CIA, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, detallan en la misiva los defensores de Alcalá.

Los documentos judiciales plantean nuevas interrogantes sobre lo que el gobierno del ex presidente Donald Trump sabía del fallido complot para derrocar a Maduro en el que estaba involucrado Jordan Goudreau, un idealista ex boina verde estadunidense, y numerosos desertores de las fuerzas armadas venezolanas a los que Alcalá ayudaba a entrenar en campamentos secretos en Colombia en la época de su arresto.

El general retirado criticó abiertamente a Maduro casi desde que asumió la presidencia de Venezuela en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez.

Sin embargo, a pesar de la abierta hostilidad hacia Maduro, él y su enemigo jurado fueron imputados juntos en una segunda acusación formal sustitutiva de ser parte de un grupo de oficiales militares y funcionarios de alto rango de Venezuela que trabajaron con rebeldes colombianos para enviar presuntamente 250 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos.

Aunque los abogados no ofrecieron detalles sobre lo que el gobierno estadunidense podría haber sabido sobre los planes de Alcalá, señalaron que creen que sus actividades contra el chavista eran conocidas por la élite de Washington.

Por ese motivo, buscan documentos y acceso a información clasificada sobre las comunicaciones entre funcionarios estadunidenses y miembros de la oposición venezolana acerca de Alcalá. Entre los servidores públicos están el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, y el de Justicia, William Barr, así como otros jefes de la Casa Blanca y agentes no identificados de la CIA en Colombia.

La Central de Inteligencia no respondió a la agencia de noticias Ap a una petición de comentarios al respecto.

Entre las personas que tendrían conocimiento de las actividades de Alcalá se nombra a dos aliados del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como el líder legítimo de Caracas, además del estratega político asentado en Miami, JJ Rendon, quien firmó en nombre del también ex diputado un acuerdo que nunca se ejecutó para que Goudreau lanzase un operativo de secuestro contra Maduro.

Según los abogados, el ex general recibió la visita de un agente de seguridad estadunidense en su casa de Barranquilla, Colombia, para informarle de la acusación y que tenía dos opciones a elegir: tomar un avión privado hacia Nueva York o ser retenido en un penal colombiano donde, sin duda, sería objetivo de los servicios de inteligencia venezolanos para su asesinato.

En otro orden, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, informó ayer el desmantelamiento de una red de contrabando de combustible en el estado Anzoátegui liderada por el alcalde del municipio Independencia de esa región, Carlos Vidal, el fiscal superior del estado Bolívar, Manuel Gil da Silva, y el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana dela localidad de Soledad, Antonio Barrios.

Lo anterior es el resultado de una investigación que lleva meses, detalló El Aissami desde Caracas. En la operación también se detuvo a Virginia Azocar, encargada de una estación de servicio y a los civiles Luis Corona y Junior Enrique Pérez, de quien no se especificó su presunta participación delictiva.