Ciudad de México. Los atentados contra periodistas ocurridos durante enero de 2022 en México, “ponen en evidencia la necesidad de que el Estado ajuste y fortalezca sus mecanismos institucionales de protección” para este gremio, “de manera inmediata”, aseveraron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un pronunciamiento conjunto en el que condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, en Tijuana, Baja California, el 23 de enero pasado, consideraron “crítico” que a menos de un mes de comenzado el año, se hayan reportado tres asesinatos de comunicadores y que al menos en dos casos las víctimas habrían intentado acudir a las autoridades para reportar su situación de riesgo.

En este sentido, advirtieron “con preocupación” que en el caso de Lourdes Maldonado, “el Estado no haya logrado brindar a la periodista las garantías necesarias para ejercer su trabajo de forma segura y prevenir estos hechos, tal como la víctima lo solicitó”.

Recordaron que el 26 de marzo de 2019 la reportera expresó temor por su vida durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde además le solicitó su "apoyo, ayuda y justicia laboral" en relación con un litigio que llevaba adelante contra la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, medio en el cual Lourdes Maldonado había trabajado.

“En el marco de dicha demanda, cuatro días antes del atentado, la periodista había hecho pública la decisión a su favor de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)”, agregaron.

Los organismos internacionales destacaron que la Relatoría Especial ha señalado previamente que, “si bien los Estados tienen la obligación permanente de prevenir violencias contra la prensa y proteger a periodistas en riesgo, este deber se acentúa en los casos en que las autoridades han tenido oportunidad de conocer un riesgo particular para las o los periodistas”.

La CIDH, su RELE y la ONU-DH México invitaron al Estado mexicano a analizar conjuntamente medidas urgentes de evaluación interinstitucional que sean complementarias a las medidas ya anunciadas por las autoridades y expresaron su disposición para ofrecer asistencia técnica a las instituciones.

Destacaron que la impunidad de atentados contra personas periodistas fomenta la reiteración de actos de violencia contra ellas y puede tener un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, la CIDH, su RELE y ONU-DH México también saludaron el compromiso expresado por el presidente López Obrador para que las instituciones nacionales competentes realicen una investigación del asesinato de Lourdes Maldonado y exhortaron al Estado a que ésta sea “pronta, completa, efectiva e imparcial”.

Refirieron que México ha informado que trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual estará fundamentado en una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y comprenderá la formulación de un Modelo Nacional de Prevención, la creación de un Registro Nacional de Agresiones y un Protocolo Nacional de Protección.

Indicaron que para la formulación del proyecto de Ley Nacional, el gobierno mexicano ha informado que inició una serie de diálogos regionales con la finalidad de que la sociedad civil, y en especial las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuenten con espacios plurales e incluyentes de participación.