Ciudad de México. Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal y uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, será puesto a disposición de un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, para que enfrente una imputación penal como presunto corresponsable de la llamada Operación Rápido y Furioso, con la cual autoridades de Estados Unidos entregaron armas de alto poder a integrantes del crimen organizado.
Rosas fue detenido por policías capitalinos esta mañana en la Ciudad de México, tras atropellar y causar el fallecimiento de una mujer.
El ex funcionario y también ex secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO), en cumplimiento a una orden de aprehensión por el caso Rápido y Furioso.
El pasado 9 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de siete implicados, incluso ex funcionarios federales, en Rápido y Furioso, que entre 2006 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio mexicano,
Entre los señalados se encuentran Luis Cárdenas Palomino, ya preso en México por otros delitos y Genaro García Luna, quiene está encarcelado en los Estados Unidos.
También se libró la orden de aprehensión contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera, asimismo preso y sentenciado en Estados Unidos.
En estos dos últimos casos, las autoridades mexicanas solicitarán a sus homólogos estadounidenses notificar oficialmente a los detenidos, e iniciarán un procedimiento de extradición para juzgarlos en México.
Rápido y Furioso fue un operativo propuesto por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estadunidense, para permitir el contrabando de armas, a las cuales se les incluyó un chip que supuestamente permitiría rastrearlas. Sin embargo, una vez en México fue imposible localizar todas las piezas y varias de ellas se utilizaron para cometer diversos delitos.
La FGR señaló que “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes.”
